Tomar la ley en sus propias manos

03 de Septiembre de 2018

Dantescas escenas. Los cuerpos de dos hombres agonizantes quemados por chorros de gasolina, al mismo tiempo que decenas de habitantes de San Vicente Boquerón, Acatlán, grababan en “tiempo real” las dantescas escenas del pasado 30 de agosto. Alberto N., de 56 años, y Ricardo N., de 21 años, fueron brutalmente asesinados. El motivo, supuestamente intentar secuestrar a un menor de edad. La Fiscalía del estado descartó que los occisos hubieran participado en algún delito.

Una rápida revisión de notas de prensa permite ver que, tan sólo en este año, se tienen registrados, en Puebla, siete linchamientos en distintas poblaciones de la entidad, de las que ha derivado la muerte de 13 personas.

El 22 de enero de 2018, pobladores de San Juan Tuxco, en el municipio de San Martín Texmelucan, lincharon a un presunto delincuente. Los pobladores retuvieron al presunto ladrón, lo golpearon y no permitieron el paso a los elementos de Seguridad Pública, luego de, supuestamente, haber robado una motocicleta.

El 12 de febrero, un presunto ladrón de casa habitación fue muerto a golpes por pobladores de San Gabriel Ometoxtla, comunidad perteneciente a Juan C. Bonilla. La enardecida turba estuvo a punto de prenderle fuego.

El 16 de marzo, en el municipio de Puebla, en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, un sujeto que tenía asolada a la población fue golpeado hasta dejarlo moribundo. A pesar de que fue rescatado por la policía, horas mas tarde murió a consecuencia de los golpes recibidos.

El 23 de marzo, un sujeto, identificado como presunto jefe de una banda de delincuentes que operaba en la zona centro de la entidad poblana, falleció dos días después de ser golpeado por pobladores de la comunidad de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla.

El 8 de abril, cuatro presuntos delincuentes fueron golpeados y se les prendió fuego por parte de pobladores de San Simón Yehualtepec, luego de que estos fueron acusados de robar un tráiler.

El 24 de mayo, habitantes del municipio Oriental acusaron de robar el negocio de una persona de la tercera edad a tres presuntos delincuentes, mismos que fueron golpeados y quemados posteriormente.

La sucesión de imágenes a lo largo de un año en Puebla deja claras tres cosas: la falta de confianza de los habitantes de estas comunidades hacia la autoridad, la obvia incapacidad de ésta última para garantizar el cumplimiento de la ley, los problemas de inseguridad y violencia van más allá del crimen organizado.

Las autoridades se encuentran rebasadas en regiones del estado de Puebla. Los gobiernos municipales no cuentan con capacidades materiales y humanas para evitar estos terribles hechos. Es fundamental que en el orden local de gobierno se reconstruyan las policías, se mejoren los sueldos, se les capacite e, incluso, crearlas donde hoy no existen. Adicionalmente, estos hechos no deben pensarse circunscritos exclusivamente en esta región del mapa nacional. El problema puede presentarse en cualquier parte del país.

Por lo pronto, la declaración de Alfonso Durazo, propuesto para ser secretario de Seguridad en el próximo gobierno, ha dejado ya una posición firme; “el Ejército dejará las calles hasta 2024”. Al mismo tiempo, ha hecho énfasis en que su apuesta es por un “programa emergente de capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad” y de mejorar sustancialmente las condiciones económicas de los policías.

Es importante trabajar de manera puntual en el diseño de una propuesta profunda e integral que delinee muy bien cómo, cuándo y con qué recursos se estructurarán las policías en México; ello no sólo implica a la Policía Federal, sino, como lo evidencia el caso poblano, prioritariamente debe ocurrir ese fortalecimiento en el plano local y estatal. El problema no es sólo el crimen organizado, va mucho más allá.

Ahora que se buscará tener una nueva visión desde el Presupuesto federal, este tema, sin duda alguna, tiene una gran oportunidad de ser priorizado, para construir nuevas soluciones.