Las transformaciones mundiales y nacionales ocurridas en los dos siglos transcurridos desde entonces obligan a repensar el significado de la independencia nacional en el contexto de una economía globalizada, de la vigencia de organismos y leyes internacionales con poderes vinculantes, de la conformación de bloques regionales y de la interconexión en múltiples niveles y dimensiones entre distintas sociedades.
Tales procesos han acotado en buena medida el concepto decimonónico de independencia nacional y han colocado a los estados ante la necesidad de ejercer sus respectivas soberanías en un marco de interdependencia. Hoy es claro que tal ejercicio no puede limitarse al mero control territorial y a la exclusividad jurisdiccional, y la soberanía adquiere expresiones múltiples en diversos ámbitos: la alimentaria, la tecnológica y la energética, entre otras. Por otra parte, los inevitables procesos de integración comercial y financiera en curso hacen necesaria la búsqueda de paridad y simetría en la participación en los diversos bloques regionales.
En esta perspectiva, la preservación de la independencia no depende ya en forma primordial de la defensa del territorio sino de solidez económica e institucional, de pactos sociales robustos, de legitimidad de los gobernantes, de vigencia de la legalidad, de adecuados niveles de desarrollo educativo, científico, tecnológico y cultural y, en la base, de poblaciones mínimamente satisfechas.
Si se cotejan las realidades nacionales de México en estos terrenos resulta inevitable, por desgracia, concluir que la soberanía nacional es hoy más débil y vulnerable que hace tres décadas, cuando arrancó la implantación del modelo neoliberal que aún rige la política económica oficial. En ese periodo el producto interno bruto ha registrado índices de crecimiento mediocres e insuficientes, por decir lo menos; las instituciones han sido sometidas, desde su interior, a una erosión que se traduce en falta de credibilidad.
En los hechos, las acciones gubernamentales han dejado de lado a la población en general para favorecer los intereses de pequeñas y poderosas facciones políticas y económicas; el estado de derecho ha sido puesto entre paréntesis en extensas regiones y en diversos ámbitos de la administración, lo que se ha traducido en inseguridad e impunidad generalizadas; se ha deteriorado el sistema educativo del Estado para fomentar un mercado de escuelas privadas y otro tanto se ha hecho con las dependencias públicas de salud; la investigación y el desarrollo han sido relegados de los presupuestos públicos; extensos sectores de la población han sido arrojados al desempleo, la pobreza y la informalidad.
A lo anterior debe agregarse que las recientes reformas estructurales, particularmente la energética, alteraron en forma profunda el pacto social que se había conformado en la primera mitad del siglo pasado y que fue la base del desarrollo nacional durante décadas, y que la exasperante desigualdad –entre clases sociales y entre regiones– mina las bases mínimas de la cohesión nacional.
Por si no bastara, el que fue uno de los pilares tradicionales de la soberanía nacional, la política exterior, fue desvirtuada en forma progresiva desde el sexenio de Carlos Salinas, llegó a simas vergonzosas durante las dos presidencias panistas y no ha recuperado su rumbo en lo que va de la presente administración, y muestra de ello es el empeño por incorporar de manera furtiva al país a nuevos tratados comerciales –como el Transpacífico y el de Comercio de Servicios, TPP y TISA, por sus siglas en inglés– cuyos términos resultan por demás lesivos para diversos sectores económicos y significarían, de ser aprobados, la liquidación de las facultades regulatorias del Estado y la indefensión jurídica ante consorcios extranjeros.
En tales circunstancias es claro que la independencia y la soberanía nacionales se encuentran hoy ante serios peligros y que debieran ser más motivo de preocupación que de festejo.
Agradecemos al C.P. Enrique Briceño León su aportación.