28 de Noviembre de 2019

Los programas sociales manejados por la Secretaría del Bienestar están en la cima de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La dependencia, a cargo de María Luisa Albores, obtuvo un incremento de 4.8% de su partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, un total de 181 mil 457 millones de pesos.

De ese monto, 126 mil millones se destinarán al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que paga dos mil 550 pesos bimestrales a 8.5 millones de personas. El programa, antes denominado “70 (años) y más”, estaba destinado originalmente a atender a los ancianos pobres de comunidades rurales que no tuviesen ningún tipo de pensión.

Durante el sexenio pasado, se amplió el número de beneficiarios, de tres a cinco millones: todas las personas de 65 años de edad en adelante, mexicanos por nacimiento o con un mínimo de 25 años de residencia en el país, que no recibiesen pensión mayor a 1,092 pesos mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo. Cada una de ellas cobraba un apoyo económico bimensual de mil 160 pesos.

En su campaña electoral, el hoy Presidente –quien creó este tipo de beneficio durante su periodo como jefe de Gobierno capitalino– se comprometió a elevar al doble el monto de la pensión, así como a universalizar la entrega.

Eso llevó a aumentar de cinco a 8.5 millones el número de beneficiarios, y de mil 160 a dos mil 550 pesos la cantidad entregada cada dos meses a toda persona de 68 años de edad y más, salvo el caso de quienes viven en comunidades indígenas y de afrodescendientes, donde el beneficio comienza a partir de los 65 años.

La Secretaría del Bienestar informó que de enero a octubre de este año, el monto erogado por este programa sumó 96 mil 300 millones de pesos. Como digo arriba, para 2020 se tienen presupuestados 126 mil millones de pesos.

Sin poner a discusión la justicia de este apoyo –que se entrega de forma universal–, sí conviene preguntar qué tan sostenible es el mediano plazo.

El 4 de noviembre, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador afirmó que la pensión para adultos mayores aumentará cada año de acuerdo con la inflación.

De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población, se espera que el número de personas de la tercera edad prácticamente se doble entre 2015 y 2030, cuando alcance los 20 millones.

Si aplicamos una tasa de inflación de 3% anual al actual monto de dos mil 550 pesos bimestrales, la pensión llegaría a los tres mil 427 pesos. Y si duplicamos el número actual de beneficiarios del programa, la cantidad que se le tendría que destinar en 2030 sería de casi 350 mil millones de pesos, o 177% más.

En un contexto en el que aumentan anualmente el servicio de la deuda y el pago de pensiones del sistema de reparto, el espacio fiscal se reduce. ¿Puede México financiar programas sociales sin una reforma hacendaria que aumente los recursos presupuestales y sin sacrificar la necesaria inversión en infraestructura? No parece posible.

Más allá de si el propósito de programas como éste es procurar la justicia social o construir clientelas electorales, ahí hay un debate ineludible, si no se quiere meter en aprietos al país.

No poner esto a discusión, y apostar al “ya se verá de dónde sale” a la hora de generar derechos que legalmente no se pueden conculcar, resulta una gran irresponsabilidad.

“Cuando se invoca el término ‘crimen de Estado’, muchas veces hay confusión considerable sobre exactamente a qué se refiere”, escribe el experto David O. Friedrichs, de la Universidad de Scranton, en su ensayo Rethinking the Criminology of Crimes of States (2015). “Se requiere claridad en los términos, de quién actúa específicamente y quién se beneficia especialmente de los crímenes en cuestión”.