27 de Octubre de 2019

El pacto federal cruje por fuertes tensiones de recursos y competencias. Sucesivas reformas y políticas centralistas han trastocado su funcionamiento en áreas vitales como la seguridad, combate al crimen o la coordinación fiscal, sin un debate claro y abierto sobre el futuro del federalismo. Su debilitamiento se refleja en vacíos de presencia del Estado en el territorio como mostró la descoordinación de fuerzas federales y locales en Culiacán, así como en la creciente inquietud de EU por la incapacidad local para frenar el avance de producción de drogas como el fentanilo. El descontrol por la pérdida de cohesión en el país regresa el tema de la seguridad al centro de la agenda bilateral con Washington.

En efecto, el salto cualitativo en capacidad de fuego de los cárteles en la irrupción de la violencia en Sinaloa proyecta una sensación de descontrol. Las imágenes de una ciudad tomada por una contraofensiva del crimen organizado desvelan la fragilidad del orden federal y exhiben la impotencia de las autoridades locales para afrontar enormes desafíos como la inseguridad, la penetración del crimen en el municipio o la extorsión que devora los estados. Retos que no pueden recaer sólo en la Guardia Nacional, la principal apuesta del gobierno federal para pacificar el país, mientras se reducen las capacidades de estados y municipios para cumplir con sus obligaciones en ésta y otras funciones en el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía.

La falta de una definición sobre el federalismo puede llevar a López Obrador a perder el control sobre porciones del país, independiente de la consolidación de su poder político. Así parece haberlo leído el gobierno de EU, que desde el desastre de Sinaloa lanzó mensajes cada vez más claros de la importancia de la seguridad para la relación bilateral. Primero, Trump, en una llamada para expresar a López Obrador su “solidaridad” ante la violencia en Culiacán y luego su embajador en México, Christopher Landau que, en un mensaje de Twitter, se solidarizó con “las fuerzas de seguridad en México” y expresó “el apoyo de mi gobierno a la lucha del crimen organizado transnacional”, cuando el tema había casi desaparecido de la agenda bilateral con la actual administración.

La señal más clara de que las prioridades pueden cambiar ante el debilitamiento institucional de México surgiría en una audiencia en el Congreso sobre el presupuesto para el próximo año donde el secretario adjunto de Estado, Richard Glenn, deslizó un reclamo de falta de interlocución con México en esta materia. Puntual, señaló que “es de mayor importancia que México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia integral para confrontar al crimen organizado”, en la mayor llamada de atención de la administración de Trump y desconocimiento de la estrategia mexicana contra la inseguridad. Fundamentalmente, el funcionario del Departamento de Estado acusó el avance “alarmante” del tráfico de fentanilo y la espiral de violencia homicida en estados cada vez más castigados en el pacto federal.

La respuesta del gobierno mexicano fue rechazar la intromisión y contrarrestarla con la incorporación a la agenda bilateral del problema del tráfico ilegal de armas como causa del aumento de la capacidad de fuego de los cárteles. Al mismo tiempo que daba prueba del crujido de la madera del pacto federal con el desaguisado protagonizado con un grupo de alcaldes roseados con gas pimienta cuando intentaban entrar a Palacio Nacional por demandas de recursos, entre ellas para seguridad. El fortalecimiento de las policías estatales está ausente de la estrategia federal contra el crimen.

Las constantes muestras de descoordinación del pacto federal ahondan la preocupación por la capacidad de estados y municipios para mantener el control de sus plazas, en un contexto de austeridad presupuestal y debilitamiento de sus finanzas. Cada día crece el número de agentes y policías estatales muertos en confrontación con el narco en Michoacán, Guerrero y otros estados, principalmente en los que se hallan los mayores centros de producción y corredores del fentanilo hacia EU por ciudades y estados sin ley, ni orden, sobre todo cada vez más desprotegidos por la federación.