18 de Octubre de 2018

Porque incluso con la mejor voluntad de entender las razones para convocar a un ejercicio como el que tendrá lugar del 25 al 28 de octubre, para decidir la suerte del nuevo aeropuerto, uno tiene que concluir que hicieron a un lado los más elementales rasgos de la democracia participativa.

Porque no se guardaron las formas ni en lo simbólico: la boleta que se entregará a los ciudadanos que acepten participar en este proceso tiene el color institucional del partido político (Morena) que será gobierno a partir del 1 de diciembre, lo cual es una contradicción con querer impedir que el PRI siga usando los colores de la bandera a fin de que no se confunda más el país con un partido.

Porque es un partido el que organiza la consulta. Y lo hace al margen de las leyes, cuando existe un proceso constitucional para apoyar con la opinión de la ciudadanía la toma de decisiones de las autoridades. Está contemplado en el artículo 35 de la Constitución, donde se establece claramente cómo se debe llevar a cabo una consulta pública, quién la organiza, quién puede convocar, cómo se determina que el tema sobre el que se hace la consulta es constitucional y qué porcentaje mínimo de participación se requiere para que el resultado del ejercicio sea vinculante (40%).

Porque no es un proceso que trate igual a todos los mexicanos, como sí lo sería uno que se guíe por el artículo 35, pues discrimina a los ciudadanos que viven en los municipios menos poblados del país. Es como si sólo se consultara a los mexicanos de las ciudades sobre quién debe ser el próximo Presidente. Así fuese un proceso legal (que no es), yo me abstendría por solidaridad con quienes no han sido llamados a votar, como si su opinión no contara.

Porque la pregunta y las dos opciones de respuesta sobre las que se dice que se va a consultar a los ciudadanos prejuzgan el conocimiento que éstos tienen sobre el tema, aportando apenas unos cuantos datos en el reverso de la boleta (los que los organizadores escogieron). En países donde se usa con frecuencia la democracia participativa, como Suiza, los ciudadanos reciben en su casa información suficiente para saber lo que está en juego y las consecuencias de decidir en un sentido y otro.

Porque las dos respuestas a la pregunta tienen importantes omisiones. Menciono dos: no es verdad que sólo se modernizarían las actuales terminales aéreas de Toluca y la Ciudad de México en caso de que se decida construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. El futuro titular de la SCT dijo que sería en cualquiera de los dos casos. Ni tampoco es cierto que bastaría con “construir dos pistas” en Santa Lucía: habría que levantar terminales y seguramente reubicar la Base Aérea Militar Número Uno.

Porque millón y medio de personas, que –en el mejor de los casos– participarían en esta consulta, no pueden decidir por todos los mexicanos. Como digo arriba, el artículo 35 de la Constitución exige un mínimo de 40% de la lista nominal de votantes, que actualmente está integrada por 90 millones de ciudadanos, para que una consulta fuese vinculatoria. Es decir, tendrían que votar al menos 36 millones. Millón y medio son apenas 1.6 por ciento. 

Porque esta consulta durará cuatro días –un lapso decidido arbitrariamente– y no se sabe qué pasará durante las noches con las urnas que contendrán los votos, ni quién contará las papeletas. Tampoco hay mecanismos de impugnación del proceso o de revisión de los resultados ni existe la posibilidad de acreditar observadores. Todas esas cosas sí formarían parte de una consulta que se rigiera por el artículo 35 constitucional.

Porque el financiamiento del proceso provendrá –así se ha dado a conocer oficialmente– del bolsillo de los legisladores de un partido político (Morena), el mismo del presidente electo, quien ha llamado a realizar esta consulta e hizo campaña contra el aeropuerto de Texcoco, una de las opciones a consultar. Y los convocantes de este proceso no han cumplido con su promesa de ser imparciales en la difusión de la información sobre la consulta.

Y porque, a fin de cuentas, yo creo que el presidente electo –como ya he escrito aquí– tiene la legitimidad suficiente (30 millones de votos) para tomar la decisión que él crea mejor para México respecto de la construcción del nuevo aeropuerto. Y si hubiese corrupción o ecocidio en Texcoco, no debiera consultarse, sino cancelarse.

La consulta me parece, pues, innecesaria, mal planteada, mal justificada y mal organizada.

No prejuzgo sobre las razones para llamar a ella y no me negaría a votar si se realizara de acuerdo con el marco legal. Tampoco convoco a nadie a que no vote, pues cada quien debe decidirlo de acuerdo con sus convicciones. Pero, así, yo no.