Ve López Obrador posible machismo en críticas a Rodríguez Ceja

                ¿Y el honor militar y la naturaleza apolítica del Ejército?

Opacidad y discrecionalidad como norma… y garantía de impunidad. Ése y no otro parece ser el mensaje implícito en el decreto emitido el lunes por Andrés Manuel López Obrador, en el que, argumentando supuestas causas de interés público y seguridad nacional, cubre con un velo de secrecía todo lo que, hasta ahora, se ha realizado en materia de contratación, construcción y equipamiento en los proyectos de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles en principio y lo que prevé realizar, y abre la puerta a la comisión de toda suerte de excesos al margen de la ley.

La sola decisión de cancelar, vía orden ejecutiva —previsiblemente inconstitucional—, la opción de que la sociedad conozca los pormenores del multimillonario gasto ejercido por el gobierno de la 4T en las megaobras consideradas emblemáticas del sexenio, a no dudarlo, evidencia el interés de alejar de la mirada y el juicio ciudadano todo, absolutamente todo proyecto de infraestructura iniciado o por iniciar, pues éstos quedarán exentos de cumplir el marco normativo en materia de obra pública y transparencia.

Hablamos, para ponerlo en perspectiva de obras que, en conjunto, sólo las tres citadas, representarán una inversión de algo así como 20,000 millones de dólares o su equivalente en pesos —más de 400,000 millones hoy—, en el supuesto de que los presupuestos inicialmente considerados no se incrementen, que ahora el tabasqueño pretende eximir de la posibilidad de ser auditadas por autoridad alguna, peor, por la sociedad que, finalmente, es quien, vía impuestos, las está financiando.

Adicionalmente, el acuerdo ordena a dependencias de los distintos órdenes de gobierno otorgar autorizaciones, dictámenes o permisos en un plazo máximo de cinco días —tras los cuales se aplicará el criterio de positiva ficta—, sin importar que los permisos solicitados sean de naturaleza ambiental, social o, en forma directa o indirecta, den paso a la transgresión de derechos humanos, de las comunidades indígenas, por ejemplo…

Sabe algo el gobierno, que, dadas sus previsiblemente negativas consecuencias político-electorales, ¿no está dispuesto a someter al escrutinio público? ¿O es que ya, en plena cuenta regresiva hacia el cierre de su fallida gestión, la decisión es avanzar a paso acelerado, aun cuando ello implique “llevarse entre las patas”, literal, cuanta disposición legal pudiera impedirlo? Son preguntas…

Ayer, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) definió que el mismo resulta “francamente violatorio” de disposiciones constitucionales tales como la división de poderes, en tanto que pretende imponerse indebidamente sobre el Congreso, la normatividad en materia de competencia económica, disposiciones en materia ambiental, en materia del debido proceso y otras en materia de consulta previa…

ASTERISCOS

* Apenas confirmarse ayer el retiro de la propuesta para que el ex de Hacienda, Arturo Herrera, se incorpore a la Junta de Gobierno del Banco de México, se reactivaron versiones según las cuales el actual titular del ramo, Rogelio Ramírez de la O, anunció ya al Ejecutivo que dejará el gabinete al cierre del año, por lo que aquél volverá a sus oficinas en Palacio...

Veámonos el viernes con otro asunto De naturaleza política.

La ocupación nacional hospitalaria en camas generales se mantuvo en 17 por ciento y en camas de terapia intensiva en 13 por ciento

La madrugada del domingo, desconocidos prendieron fuego a locales del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, de Chilpancingo. También intentaron quemar el rastro municipal. Durante el fin de semana hubo balaceras en varias colonias de la ciudad.

Durante su homilía, el obispo Salvador Rangel –quien ha conversado directamente con grupos delictivos en un intento de pacificar su diócesis– atribuyó esos hechos de violencia a una organización criminal que opera desde hace algunos meses en la capital guerrerense.

Ayer, al hablar sobre los hechos, la alcaldesa Norma Otilia Hernández reconoció la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la situación. “Hernández Martínez comentó que la seguridad no depende (únicamente) de las instituciones, sino también de la sociedad, por lo que están construyendo comités de seguridad para inhibir la violencia”, informó el diario El Sur.

La presidenta municipal de extracción morenista explicó que la idea es que la gente se organice y se haga presente “antes de que lleguemos nosotros”, aunque admitió que “les estamos pidiendo que tengan cuidado porque no sabemos si (el delincuente) tiene un arma”. 

Lo que sucede en Chilpancingo comienza a cundir por el país. Completamente rebasadas por la delincuencia, las autoridades empiezan a ser sustituidas por ciudadanos. El principio democrático de cederle al gobierno constituido la protección de la vida y las pertenencias del gobernado se está convirtiendo en una ficción. Aquí y allá, los ciudadanos enrejan las calles de sus colonias y colocan letreros con amenazas para los delincuentes: “Si te agarramos robando, te linchamos”. Aquí y allá surgen grupos armados, de supuestos autodefensas, que prometen mantener a raya a quienes quieren hacer daño a las comunidades.

El lunes, se presumía en la conferencia mañanera en Palacio Nacional que las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Guardia Nacional) ya tienen 78 mil elementos encargados de la seguridad pública desplegados por todo el territorio nacional. ¿Y luego? Si su propósito es inhibir la acción de los delincuentes, de poco o nada ha servido. La violencia criminal arrecia en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y otras entidades. En los últimos diez días fueron asesinadas 750 personas en el país.

Camionetas con hombres armados recorren los caminos en caravanas. Aparecen hombres colgados por racimos de puentes y árboles. Se organizan levas para engrosar las filas de la delincuencia. Se lanzan ataques con drones explosivos.

Viajar en transporte público se ha vuelto una experiencia terrorífica por los constantes asaltos. Dejar el auto en la vía pública puede significar que amanezca sin llantas, espejos, calaveras ni piezas del motor. Abrir un negocio es una invitación a que le cobren a uno piso (una expresión mafiosa que deriva del dialecto siciliano fari vagnari u pizzo o “dejar meter el pico”).

Alentado por el discurso gubernamental de que hay que atender “las causas de la delincuencia” y no combatirla por la fuerza legítima del Estado, el crimen manda. La autoridad ha perdido el control en vastas regiones del país, donde puede más un hombre con un bidón de gasolina que un soldado o un marino (ya no digamos que un policía, porque esa profesión está en franco proceso de extinción).

Entre la excusa de que todo lo malo tiene su origen en el pasado y, ahora, la creencia de que la ciudadanía tiene que contribuir a su propia protección, la autoridad cae rápidamente en la irrelevancia. Y eso es algo que debiera preocuparnos a todos.

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