El controvertido “decretazo” que declara las obras públicas como tema de seguridad nacional no sólo asesta un golpe a la transparencia, sino que es un cheque en blanco para la corrupción, según legisladores y especialistas en la materia.

El Frente Cívico Nacional (FCN) –organización plural que agrupa legisladores, activistas y exdirigentes de partidos– amenaza con bloquear el acceso a las mañaneras, hasta que se regularice el abasto de medicinas para niños con cáncer.

“Nos vamos a sentar en las puertas de Palacio sin romper un vidrio, sin pintar una pared, todos vestidos de blanco. Ni Lord Molécula entrará”, nos dice, mordaz, Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional del PRD, uno de los organizadores del Frente. La “sentada” a las puertas de Palacio no es para mañana. La planean para enero de 2022, tiempo más que razonable para cumplir con las instrucciones del Presidente a los responsables de salud, para que acaben “sin excusas” con la escasez de medicamentos.

* El FCN es una organización plural que pretende abanderar las más sentidas causas de la sociedad: seguridad, medicinas, educación, empleo…

Trae un ambicioso proyecto, abierto e incluyente, que pretende la participación del PAN, PRI, MC, PRD, alrededor de una idea central: elecciones primarias, organizadas por el INE y financiadas con los recursos que reciben los partidos.

La idea es que la sociedad elija, entre distintas opciones, un candidato único de la oposición, que habrá de enfrentar a la abanderada de Morena para 2024.

Acosta mencionó algunos de los posibles precandidatos que pudieran registrarse para esas primarias: Ricardo Anaya, Enrique de la Madrid, Enrique Alfaro, Mauricio Vila, Alito Alejandro Moreno y los que se sumen.

“El que gane será el candidato de la sociedad. Se enfrentaría al dedazo de Andrés Manuel, que favorece a Claudia Sheinbaum”, dijo. Al Frente Cívico pertenecen, entre otros, Cecilia Soto, Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Madero, Alberto Begné, Jorge Díaz Cuervo, Ricardo Pascoe, Mariana Moguel, Roberto Gil, Demetrio Sodi, Raúl Trejo Delarbre, Tonatiuh Guillén y el propio Acosta Naranjo.

* Múltiples alertas se produjeron por un fenómeno que emergió en la celebración del 111 aniversario de la Revolución Mexicana: la militarización de la política.

El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, ya dio color. Rompió la regla de oro que ha diferenciado al Ejército Mexicano de sus similares de América Latina: la neutralidad.

Sin el menor rubor, el general llamó a respaldar al presidente López Obrador. “Es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha”, dijo.

La organización Human Rights Watch reaccionó de inmediato. “Cuando los militares se meten en política partidista, la democracia peligra”, advierte. Sandoval violó el artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea que a la letra dice: queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente.

* Parece que a la FGR y a su patrón les molestó muchísimo la Ruta Pacífica por la Libertad iniciada por Rosario Robles y su familia. Muy al estilo del Lejano Oeste, ya le colgaron a la exsecretaria de Estado la etiqueta de “líder” de una organización criminal. Si no es venganza, se parece mucho.

Esta organización, dice la FGR, tuvo como finalidad lavar más de 5 mil millones de pesos desviados del erario, a través de 20 convenios generales y 44 convenios específicos del caso denominado la Estafa Maestra, afirma la Fiscalía.

Rosario está en la cárcel desde hace dos años y tres meses, a causa de un delito que no amerita prisión preventiva: ejercicio indebido de la función pública. Un inescrupuloso juez, Felipe Delgadillo Padierna, se valió de una licencia falsa para alegar riesgo de fuga, luego de que la exsecretaria de Estado se presentó por su propio pie en la audiencia.

La FGR retomó acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero apenas iniciada la Ruta de la Libertad, que incluye un ayuno de 10 días en el Zócalo y volanteo en la glorieta de La Palma. ¿Será que la quieren apretar con acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero? ¿Por qué se litiga este asunto en los medios? ¿Y el debido proceso? Son preguntas que sí requieren respuestas.

La familia de Rosario sigue por su libertad. Ya tocó la puerta de la ONU. Enviaron al alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, un expediente que describe las violaciones al debido proceso de la exsecretaria de Estado. Dice la carta: “María del Rosario Robles Berlanga se encuentra injustamente detenida en el penal de Santa Martha Acatitla. Está acusada de un delito menor que, de acuerdo con nuestra carta magna, no amerita prisión preventiva sin que, hasta la fecha, en que han transcurrido más de dos años, sin que se haya dictado sentencia…”.