Decreto presidencial: un paso atrás en la lucha contra la corrupción

El Acuerdo emitido por el presidente López Obrador en el que “se declara de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”, da un golpe a la transparencia y a la rendición de cuentas además de abrir espacios para los de por sí ya alarmantes niveles de corrupción e impunidad en nuestro país.

Por Luis Alvarado y Rafael Castellanos

Esta problemática apenas comienza y eventualmente serán los Tribunales del Poder Judicial de la Federación quienes nos den luz al respecto. La última palabra siempre la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, es claro que si uno de los estandartes de la actual administración es combatir corrupción e impunidad, con la emisión de Acuerdos como el que analizamos, lejos de atender dicha problemática, solo fomenta la opacidad y falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. El combate a la corrupción e impunidad es algo que nos compete a todas y todos y no únicamente al gobierno en turno.

Por Verónica Ayala y Valeria Durán 

Una llamada anónima al número de emergencias 911, alertó a las autoridades de Chihuahua del asesinato a balazos de cuatro mujeres y un hombre –todos jóvenes menores de 30 años- en una casa de la colonia Villa Vieja. Horas antes, otros dos jóvenes habían sido acribillados en una camioneta que estaba estacionada en un centro comercial de la capital chihuahuense.

Estos asesinatos múltiples ocurrieron el pasado 24 de octubre, y reflejan una problemática creciente de violencia en Chihuahua, el cuarto estado del país con mayor índice de homicidios.

Mientras los asesinatos se multiplican, las autoridades estatales enfrentan problemas para recibir armamento para enfrentar a los grupos criminales.

En 2020 el Gobierno de Chihuahua pagó 22 millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para comprar 570 armas y 714 mil cartuchos, pero hasta agosto del presente año seguía sin recibir ese armamento.

Por Alejandra Navarrete

Una auditoría interna en Liconsa detectó pérdidas millonarias en la venta de leche y un descontrol administrativo que se manifestó con el extravío de estados financieros de cinco meses.

De acuerdo con el “Presupuesto de Metas de Venta de los Productos Comerciales” para el 2020, Liconsa proyectó vender 36 millones de litros de leche UHT (que son las siglas en inglés para el lácteo que se pasteuriza a temperatura ultra alta). Sin embargo, la dependencia de Segalmex logró vender apenas 21 millones de litros, equivalente al 59%.

Esto provocó que tan sólo de enero a noviembre de 2020, Liconsa perdiera 37.9 millones de pesos por ventas de leche UHT, también conocida como ultrapasteurizada, de acuerdo con un informe del Órgano Interno de Control (OIC) de la empresa paraestatal, cuya copia obtuvo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La leche UHT sigue un procedimiento de pasteurización a temperatura muy elevada, de hasta 135 grados, para luego enfriarla rápidamente, y eliminar así microorganismos. Una vez envasada, tiene una vida de muchos meses sin necesidad de ser refrigerada.