El crimen manda

La madrugada del domingo, desconocidos prendieron fuego a locales del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, de Chilpancingo. También intentaron quemar el rastro municipal. Durante el fin de semana hubo balaceras en varias colonias de la ciudad.

Durante su homilía, el obispo Salvador Rangel –quien ha conversado directamente con grupos delictivos en un intento de pacificar su diócesis– atribuyó esos hechos de violencia a una organización criminal que opera desde hace algunos meses en la capital guerrerense.

Ayer, al hablar sobre los hechos, la alcaldesa Norma Otilia Hernández reconoció la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la situación. “Hernández Martínez comentó que la seguridad no depende (únicamente) de las instituciones, sino también de la sociedad, por lo que están construyendo comités de seguridad para inhibir la violencia”, informó el diario El Sur.

La presidenta municipal de extracción morenista explicó que la idea es que la gente se organice y se haga presente “antes de que lleguemos nosotros”, aunque admitió que “les estamos pidiendo que tengan cuidado porque no sabemos si (el delincuente) tiene un arma”. 

Lo que sucede en Chilpancingo comienza a cundir por el país. Completamente rebasadas por la delincuencia, las autoridades empiezan a ser sustituidas por ciudadanos. El principio democrático de cederle al gobierno constituido la protección de la vida y las pertenencias del gobernado se está convirtiendo en una ficción. Aquí y allá, los ciudadanos enrejan las calles de sus colonias y colocan letreros con amenazas para los delincuentes: “Si te agarramos robando, te linchamos”. Aquí y allá surgen grupos armados, de supuestos autodefensas, que prometen mantener a raya a quienes quieren hacer daño a las comunidades.

El lunes, se presumía en la conferencia mañanera en Palacio Nacional que las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Guardia Nacional) ya tienen 78 mil elementos encargados de la seguridad pública desplegados por todo el territorio nacional. ¿Y luego? Si su propósito es inhibir la acción de los delincuentes, de poco o nada ha servido. La violencia criminal arrecia en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y otras entidades. En los últimos diez días fueron asesinadas 750 personas en el país.

Camionetas con hombres armados recorren los caminos en caravanas. Aparecen hombres colgados por racimos de puentes y árboles. Se organizan levas para engrosar las filas de la delincuencia. Se lanzan ataques con drones explosivos.

Viajar en transporte público se ha vuelto una experiencia terrorífica por los constantes asaltos. Dejar el auto en la vía pública puede significar que amanezca sin llantas, espejos, calaveras ni piezas del motor. Abrir un negocio es una invitación a que le cobren a uno piso (una expresión mafiosa que deriva del dialecto siciliano fari vagnari u pizzo o “dejar meter el pico”).

Alentado por el discurso gubernamental de que hay que atender “las causas de la delincuencia” y no combatirla por la fuerza legítima del Estado, el crimen manda. La autoridad ha perdido el control en vastas regiones del país, donde puede más un hombre con un bidón de gasolina que un soldado o un marino (ya no digamos que un policía, porque esa profesión está en franco proceso de extinción).

Entre la excusa de que todo lo malo tiene su origen en el pasado y, ahora, la creencia de que la ciudadanía tiene que contribuir a su propia protección, la autoridad cae rápidamente en la irrelevancia. Y eso es algo que debiera preocuparnos a todos.

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