Pascal Beltrán del Río
Bitácora del director
Cerrar la brecha de desarrollo entre las diferentes regiones del país es una asignatura que ningún gobierno de la era moderna ha podido resolver.
La manera más socorrida de atender el problema ha sido inyectar a la porción más pobre del país miles de millones de pesos en asistencialismo, cosa que no ha impedido que los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero se mantengan en los últimos lugares de la tabla del Producto Interno Bruto per cápita.
De acuerdo con Inegi, en 2020 la Ciudad de México tenía un PIB per cápita de 316 mil 761 pesos. Esto es siete veces mayor que el de Chiapas y 5.5 veces mayor que el de Oaxaca y Guerrero.
La proporción del PIB de esos tres estados respecto del PIB nacional se encogió entre 1980 y 2021, según cifras del propio Inegi. En ese lapso, el de Chiapas pasó de 2.16 a 1.48%; el de Oaxaca, de 1.90 a 1.43%, y el de Guerrero, de 1.89 a 1.33 por ciento. En cambio, hubo estados cuyo PIB creció proporcionalmente en el mismo periodo: por ejemplo, el de Nuevo León, de 5.18 a 7.89%; el de Chihuahua, de 2.64 a 3.32%, y el de Querétaro, de 1.35 a 2.28 por ciento.
En 1980, esa última entidad tenía un PIB de 99 mil 632 millones de pesos (base 2013), inferior en ese momento al de Chiapas (158 mil 583 millones), Oaxaca (139 mil 151 millones) y Guerrero (139 mil 874 millones). Para 2021, la economía queretana era bastante más grande que la de los otros tres estados: 388 mil 481 millones de pesos contra 268 mil 174 millones; 249 mil 591 millones, y 227 mil 408 millones de pesos, respectivamente.
La conclusión es sencilla: algo se hizo bien en Nuevo León, Chihuahua y Querétaro, y algo se hizo mal en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Puede inferirse que los resultados obtenidos por unos y otros tienen que ver con decisiones u omisiones de los gobiernos federales y locales. En unos casos, éstas detonaron el desarrollo y en otros, lo frenaron
Lo hecho, hecho está. Pero eso no significa que la brecha de desarrollo regional se tenga que seguir abriendo ni que la mayoría de chiapanecos, oaxaqueños y guerrerenses deban resignarse a vivir en la pobreza.
Una expresión de la senadora Xóchitl Gálvez ha dado lugar a que se vuelva a discutir qué hacer para equilibrar el desarrollo regional. En el foro que reunió a los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México en Monterrey, el sábado pasado, Gálvez dijo que el camino no era la instalación de maquiladoras en el sureste, pues en esa región “nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas, porque no es su cultura”. La afirmación de Gálvez fue interpretada por algunos como un acto de discriminación hacia las capacidades laborales y la voluntad de trabajar de los habitantes de las zonas más pobres del país.
Sin embargo, en algo tiene razón: el desarrollo regional no puede brincarse etapas. Si las inversiones que generan los empleos mejor pagados se instalan en algunos estados, como Nuevo León, es porque allí encuentran las condiciones que convienen a las empresas, como una mayor implantación del Estado de derecho, energía suficiente para producir y cuadros que puedan desempeñar los trabajos requeridos. Y no va a estar fácil que vayan a otro estado por decreto.
Si bien es loable que el gobierno federal cuente con un plan para detonar el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, éste no debe obviar el hecho de que Nuevo León tiene, entre otras ventajas, una escolaridad promedio que supera a Oaxaca por más de dos grados (10.7 contra 8.1, de acuerdo con datos del Inegi correspondientes a 2020).
Algo significa que, al 17 de agosto, el motor de búsqueda de empleos Indeed posteaba ofrecimientos de trabajo para tres mil 809 ingenieros en Nuevo León, pero sólo para 72 en Oaxaca.
Antes de que pueda competir por las inversiones para las que Nuevo León y otros estados resultan atractivos, el sur-sureste debe recorrer el camino que esas entidades ya han andado. Mientras tanto, habrá que encontrar las vías para que la porción menos desarrollada del país no se rezague más. Ése será uno de los retos para el próximo gobierno.