19 de Octubre de 2019

Leí el reporte de los consultores del Grupo Eurasia, especialistas en detectar riesgos políticos para los inversionistas alrededor del mundo, sobre la crisis en Culiacán; que puso en evidencias la “pobre”  estrategia de seguridad de la 4T.

El documento, firmado por Daniel Kerner, expone que uno de los principales riesgos para la política en México es el “nivel extremo” de centralización de las decisiones en manos de López Obrador.

“Este es un problema que afectará las políticas más allá de la seguridad. Es el desafío (también) en la política fiscal y energética”, subraya textual.

El reporte agrega que, a largo plazo, la inseguridad se convertirá en un serio problema para la popularidad de AMLO.

Coincido. Se ve difícil que las condiciones mejoren con la estrategia de avestruz que la 4T aplica para combatir el crimen organizado.

La confianza en el gobierno ha quedado tocada después de los acontecimientos de Culiacán, Aguililla e Iguala.

Retomo el reporte:

“El problema (de la confianza) se agravará si la desaceleración de la economía continúa, como parece que ocurrirá. Es probable que López Obrador tenga algo de tiempo antes de perder el apoyo.

“La falta de oposición organizada y los casos de corrupción de alto perfil que su gobierno está procesando, le darán espacio”, puntualiza.

¿Por cuánto tiempo? Esa es la gran pregunta.

* En la mañanera de ayer, el Presidente dijo que el Gabinete de Seguridad tomó la decisión de liberar al Chapito, y que él avaló.

Yo francamente no veo al secretario Durazo; ni al general Luis Crescencio Sandoval; y menos al almirante José Rafael Ojeda, tomando decisiones de esa envergadura.

Él decidió soltar al hijo de El Chapo con la idea de que la captura de un delincuente no vale la vida de cientos de personas. Un argumento que no soltó en todo el día.

Los secretarios de Seguridad, Defensa y Marina sólo acataron órdenes de su jefe.

Suena noble el razonamiento del Ejecutivo para justificar la liberación del delincuente. “No se puede enfrentar la violencia con la violencia”,  “nada por la fuerza, todo por la razón”, repite como estribillo

Pero llevar a la práctica esas palabras no ha servido ni para el “punto de inflexión” que presumía Durazo.

Pregunta obligada: ¿El Estado va a responder con fuchis, guácalas y apelando a que piensen en sus mamacitas, a la violencia extrema del crimen organizado?

Seguro estoy de que muchos de los que votaron por Andrés Manuel, reprueban la liberación de Ovidio Guzmán.

Saben que el crimen organizado ya vio que con la fuerza de las armas puede doblar públicamente al Estado, humillar a policías y militares, y conseguir lo que quiere.

No se necesita un sesudo análisis para vaticinar que, envalentonados por la debilidad del Estado, no tendrán reparo en sembrar pánico y muerte en cualquier ciudad de la República, cuando sus intereses así lo requieran.

* La situación de seguridad del país es grave. 23 mil 700 homicidios en lo que va del año respaldan esa afirmación.

La violencia ha aumentado en estados como Guanajuato, otrora un estado tranquilo, por el huachicol.

Se suma a Colima, Baja California y Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, asiento de cárteles de las drogas.

Me puse a pensar qué habría hecho si hubiese tenido que tomar la decisión de liberar o no al Chapito.

Para responder le compro sus palabras a Ricardo Monreal. “Soy de los clásicos. El cumplimiento de la ley no admite excepciones”.

Hasta allí mi coincidencia. La justificación de que si hubiese sido una tragedia ya lo estarían acusando de genocidio en la Corte de la Haya, esa no se la compro.

Un último comentario. Ya quedó claro que el comando que enviaron a capturar a Ovidio no tenía estrategia, ni la fuerza necesaria para hacerlo.

Falló la inteligencia. No midieron la reacción del Chapito y sus aliados. El gobierno quedó en ridículo frente al mundo con ese operativo fallido, deficiente e improvisado.

Ojalá que con este grave hecho le quede claro al Ejecutivo que el CISEN no sólo servía para espiar opositores.