La agricultura en México a parte de sufrir violencia en el cobro de derecho de piso, ‘el coyotaje’ y aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, enfrenta un creciente comercio ilegal de semillas que arroja ya pérdidas de hasta 100 millones de dólares al año.

Aproximadamente solo el 10 por ciento del valor de mercado de este negocio, supera los mil millones de dólares.

Mario Puente, director de la Asociación Mexicana de Semilleros (AMSAC), que representa a 62 empresas, estima que las pérdidas oscilan entre los 80 y los 100 millones de dólares anuales. La cifra supone entre el 8 y 10 por ciento del valor del mercado formal, que genera alrededor del 3 por ciento del PIB agrícola.

El impacto es significativo hacia la industria formal, pero el mayor impacto lo reciben los propios agricultores, porque si estaban esperando obtener rendimientos por toneladas no lo van a tener. Y puede provocar contaminación en los suelos, en las plantas del entorno y llevan a plagas que no pueden ser controladas”, agregó.

Por otro lado, Félix Martínez, vicepresidente de seguridad de la Comisión Nacional del Agua (CNA), comenta que las empresas productoras enfrentan la existencia de grupos delictivos en el país que roban y revenden el producto.

Las afectaciones se dan en dos sentidos, algunos las reenvasan en envases de marcas de semillas certificadas y lo peor es cuando las rellenan con semillas mezcladas más baratas, porque lo que están sembrado no va a tener los mismo rendimientos”, explicó.

Las principales semillas que son comercializadas en este mercado gris son las de maíz blanco, chile, cebolla y tomates. Se estima que más de 1.8 millones de agricultores en el país utilizan semillas pirata para sus cultivos, lo cual ocasiona rendimientos de hasta 30 por ciento en los cultivos, así como pérdidas para las empresas productoras.

Es difícil mapear ese comportamiento, depende mucho de las zonas, el cultivo y que te des cuenta de que ocurre, porque hay casos que no se reportan o no se dan seguimiento”, argumentó.

Rodrigo Ojeda, director legal de Bayer Crop Science de América del Norte y Latinoamérica, resalta que el grupo agroquímico alemán ha sido una de las principales compañías afectadas por esta situación desde hace cuatro años y, que acusa, ha incrementado año con año.