07 de Mayo de 2019

           Para Héctor de Mauleón, con mi solidaridad.

La construcción lleva cinco meses consecutivos de decrecimiento. Eso, en términos técnicos, se llama recesión. El sector automotriz registra su peor caída en diez años. La inversión física del sector público cayó más de 13 por ciento. La cadena de consecuencias que ello traerá es de pronóstico reservado. El Banco Mundial, la CEPAL-ONU, el FMI, la OCDE, Hacienda, el Banco de México, el IMEF, analistas financieros y privados, corredurías y el CEESP ya perfilan el descenso del PIB, van del 1.7%, el más optimista, al 1%, el más pesimista. La inversión privada se retrae y, con ella, la creación de nuevos empleos. Sólo un 5% de los inversionistas consideran que es un buen momento para invertir. ¿Y el resto? El desempleo sube. Las Zonas Económicas Especiales, que ya traían inversiones sustanciosas, también canceladas. Pero nada hay de nuevas propuestas; rechazo grosero de los datos, negación de la realidad —invocación de castillos en aire, creceremos al 4%—, aparejada, como siempre, de una teoría conspirativa que todo lo explica y, claro, muchas denostaciones, como todos los días.

Las realidades son tercas, la nómina federal sufre su peor caída en 23 años. Recortar lujos y excesos nada tiene que ver con despidos masivos e indiscriminados. La inversión en protección ambiental cayó 84%; en transporte, 78%; en seguridad, 35% y, en Salud, más del 19 por ciento. ¿Qué mejor inversión que salud, seguridad, medio ambiente? Incluso las joyas de la corona, el INE, el INAI, los institutos nacionales de salud pública; la Conabio, un orgullo nacional que goza del reconocimiento y admiración de muchos países, todos para abajo. Bueno, hasta al Sistema Cutzamala, del cual depende la vida cotidiana de varios millones, o el Meteorológico Nacional, están en crisis presupuestal. Y, claro, con un crecimiento desplomado en el primer trimestre (-0.2%), la recaudación también va para abajo.

Pero la paradoja es que sí se quiere gastar y mucho. Se quiere gastar en un destino central llamado Pemex, pareciera que esa empresa —cuyas ineficiencias y corruptelas son de todos conocidas— es la justificación de cortar dineros públicos a diestra y siniestra. Pero resulta que esa discusión ya se dio en México y la conclusión fue que las deformaciones de Pemex —que fue orgullo de los mexicanos— provenían, en muy buena medida, de una perversa relación por ser una empresa ordeñada por el Estado y a la cual no se le exigían los estándares productivos de cualquier otra petrolera. Nada más la deuda de Pemex equivale al 9% del PIB. La forma de rescatar a Pemex no es inyectándole dinero fiscal, sino, al contrario, poniéndola a competir y reducir sus ineficiencias. Pero quitar dinero a los institutos nacionales de salud para invertirlo en Pemex es una aberración administrativa y una grave injusticia social. Y entonces Hacienda tiene que ponerse a hacer marometas financieras para cumplir con esa obsesión.

Porque, además, gracias a la apertura y la competencia obligada, México dejó de ser un país petrolero y se convirtió en una potencia exportadora, todo ello en 36 años de coherencia en el proyecto económico. Hay muchos países desarrollados que carecen de petróleo y de empresa petrolera, pero que han dado certidumbre jurídica y política a los inversionistas de largo plazo, se han capitalizado —como venía haciéndolo México— logrando niveles de bienestar notables. Rescatar a Pemex es un fin loable, siempre y cuando ello no suponga un grave sacrificio social e institucional.

El Presidente cuenta con personas sensatas a su alrededor. Pero tiene que revivir la esperanza de que escucha a la OCDE, a Urzúa, al Banxico, a Herrera, a los empresarios. Es una de las últimas esperanzas en el horizonte. A las demás hay que decirles adiós.