09 de Abril de 2019

¿Qué hace atractivo a un país? Los recursos naturales, sin duda, la fuerza de trabajo, también. Pero hay países con muy escasos recursos naturales y poca mano de obra que han progresado notablemente. Israel, por ejemplo. Un país se vuelve atractivo cuando tiene la capacidad de proyectarse al futuro, cuando da garantías, cuando tiene instituciones sólidas.

México tiene muchos recursos naturales y mano de obra –que si bien requiere capacitación– es muy codiciada. Pero nuestra gran debilidad histórica han sido las instituciones. En las últimas tres décadas, lentamente, y gracias al trabajo de la oposición, pero también al pragmatismo de los gobernantes, México se fue convirtiendo en país de instituciones creíbles, acreditadas, que consolidaron a México como economía emergente y destino relevante de la inversión internacional. Para lo electoral contamos con el Instituto Nacional Electoral (INE), de larga y elaborada construcción, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la Fepade y con la participación de alrededor de un millón de ciudadanos cada tres años. La información pública la generan, fundamentalmente, dos instituciones, el Inegi y el Coneval, que nos permiten saber a ciencia cierta dónde invertir los dineros públicos y por qué, y midiendo los resultados. Banxico es el pilar de lo monetario. Flotación por principio.

El Inai le dio un vuelco a la información ciudadana, un empoderamiento muy significativo. En el último cuarto de siglo la Suprema Corte fue ganando credibilidad ciudadana, al involucrarse en discusiones muy complejas de frente a la sociedad. No se puede decir lo mismo de los judiciales estatales que gozan de un gran descrédito. La nueva generación de órganos autónomos es producto de ese requerimiento del mundo: tener certeza de cómo se manejan los asuntos públicos, de cómo se fomenta y garantizan competencia económica real, apertura y legalidad.

Esa notable actualización institucional se reflejó en inversión, que mucha falta nos hace, en empleos e ingresos. Pero al llegar la nueva administración comenzaron los ataques a todas y cada una de estas instituciones por un afán voluntarista de enterrar al neoliberalismo, como si una dinámica económica pudiera ser abolida por decreto. Con ello, el régimen se dispara a los pies. Para crecer al 4% –algo que todos deseamos–, lo primero es dar garantías institucionales a inversionistas internos y externos. Pero todas las señales son contrarias a esa lectura. Festejar que los consejeros independientes de Pemex hayan renunciado, imponer a candidatos no idóneos en la Comisión Reguladora de Energía o responsabilizar al Inai de la corrupción son acciones que muestran el ánimo de concentración de poder y de demolición institucional que guía a la 4T.

Para continuar con ese ánimo se lanza una nueva amenaza, ahora en contra de la independencia de la Suprema Corte. En un esquema disparatado se propone una nueva sala especializada en corrupción, siendo que la Corte atiende control de constitucionalidad, no casos penales concretos. Da la casualidad que, entre relevos y nuevos ministros –que por lo visto serían a modo–, el Ejecutivo se haría también de ese Poder. Son insaciables y muy evidentes. Pero todas esas señales de destrucción institucional son registradas por inversionistas y mercados.

Con la globalización, los regímenes autoritarios o las dictaduras dejaron de ser buen negocio. Allí está la tragedia de Venezuela. Con un click o una llamada, las inversiones pueden mudar de continente en busca de esa seriedad que les permita proyectarse en el largo plazo. La Cuarta T no tiene un proyecto económico claro, más bien no tiene proyecto, pero el político aterra y eso lo vamos a pagar en crecimiento, en empleo, en el bienestar de los mexicanos. ¿Primero los pobres? No, primero la ignorancia de cómo funciona el mundo, primero los caprichos, primero la ambición sin límite de poder. Inevitable, habrá consecuencias. Pobre México, pero, sobre todo, pobres de los más pobres.