25 de Marzo de 2019

La semana pasada comenté sobre la revocación de mandato que dicho instrumento parece no ser el mejor para profundizar nuestra democracia. Se distraen recursos en defender lo que se ha hecho; incluso se corre el riesgo de que los detractores “descarrilen” a un buen gobierno. Además, está demostrado que las elecciones intermedias, por sí mismas, han implicado, los últimos cuatro sexenios, ratificaciones y castigos a las políticas de los presidentes en turno. Es decir, la gente usa las votaciones intermedias para ratificar el rumbo o para exigir su modificación.

Sin embargo, muchos leyeron en esta iniciativa la intención “implícita” de buscar la reelección por parte del Presidente. Una acalorada polémica se vivió en redes sociales y programas de opinión. Aun cuando dicha discusión pareció una absurda “quema de pólvora en infiernitos”, el presidente López Obrador firmó un documento como respuesta a sus críticos. Dicho compromiso ratificó que concluirá su administración en el periodo que marca la Carta Magna.

No había necesidad de firmar un documento prometiendo que se habrá de respetar la Constitución, en todo caso, ese compromiso está hecho por ley, desde la toma de protesta. Pero el episodio cobra relevancia, pues es un buen ejemplo de cómo se pierde energía en discusiones estériles. Por un lado, los que se rasgan las vestiduras frente a cualquier acción de este gobierno y, por el otro, quienes lo defienden a muerte frente a la más mínima crítica. A ambos hay que recordarles que aún falta mucho camino por recorrer y como sociedad tenemos retos que requieren un enfoque de colaboración, no de destrucción.

Por ejemplo, el miércoles de la semana pasada se publicaron las cifras de violencia para el mes de febrero, por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). A lo largo del segundo mes del año en curso, tuvieron lugar dos mil 796 homicidios dolosos, lo que implica un promedio de 102.5 muertes violentas diarias en el país. Si se comparan estos datos, la cifra se colocó 15% por encima del mismo mes durante el 2018.

Por otro lado, el reporte publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal señala un total de 15 ciudades mexicanas que se encuentran entre las 50 más violentas del mundo. La ciudad más violenta, según el documento, es Tijuana, seguida por Acapulco, que se ubica en segundo lugar; Ciudad Victoria, en cuarto lugar; Ciudad Juárez, en quinto, e Irapuato en sexto lugar.

En este contexto, Alfonso Durazo Montaño declaró que las diferencias políticas prevalecientes entre órdenes de gobierno han dificultado la coordinación entre las corporaciones de seguridad del país. La semana pasada dijo: “No hay crimen organizado que no haya avanzado en el país de la mano de la protección policial, y pudiera decir que no hay protección policial al crimen organizado que no haya avanzado de la mano de la protección de un alto político o un alto funcionario”. La declaración entraña la profundidad del problema que enfrentamos.

Valdría la pena retomar la discusión sobre la reelección, pero con altura y contenido, especialmente por lo que valen los principios definidos en la frase maderista “Sufragio efectivo, no reelección”. El sufragio efectivo es garantía de democracia; la no reelección, de la visión liberal, donde las instituciones estén por encima de los personajes. Fortalecer la democracia para mejorar la colaboración entre autoridades, así como mantener la visión liberal, que fortalezca instituciones como las policías en los tres órdenes de gobierno, son una ruta adecuada para enfrentar la inseguridad que prevalece en varias regiones del país.

Mantener el voto en las elecciones intermedias, así como prolongar un importantísimo 67% de aceptación, tendrá que ver con dar resultados en temas como la seguridad. Ahí estará la verdadera evaluación al gobierno. Nuestra evaluación como sociedad estará en exigir resultados, pero también en apoyar sus propuestas.