11 de Enero de 2019

En días recientes me han preguntado en las redes sociales cómo resolvería yo el robo de combustible y el desabasto de gasolinas que se ha dado como consecuencia de la aplicación de la estrategia del gobierno federal para combatir aquel delito.

La solución de las autoridades ha sido cerrar los ductos, presuntamente para quitar a los huachicoleros de adentro y fuera de Pemex la posibilidad de seguirse robando el producto. Eso, en lo que se meten nuevos controles de seguridad.

Para mí, la solución debiera ir por otro lado: sacar al Estado del negocio de la refinación, importación, almacenamiento y distribución de gasolinas.

Sé que esta posición no es bien vista por quienes creen que el Estado debe realizar dichas funciones y, por tanto, aborrecen la apertura del mercado de hidrocarburos que se dio por la Reforma Energética. Sin embargo, yo sostengo que sólo hay razones de tipo ideológico –no de tipo económico– para mantener al Estado metido ahí.

Para mí, la Reforma Energética se quedó corta. Fuera de Venezuela, no hay otro país en el mundo en el que el Estado siga teniendo una presencia tan abrumadora en el sector.

Actualmente, Pemex produce 100% de las gasolinas que se refinan en México y compra 95% de las que se importan. Eso le da casi un monopolio sobre el almacenamiento y la distribución de las gasolinas que usan los mexicanos.

El otro 5% proviene de las empresas que comenzaron a importar gasolinas en 2017 y 2018 –Exxon/Mobil, Tesoro, Chevron, Glencore, Marathon, Windstar, etcétera–, las cuales no han reportado el robo de su producto, cuando menos en los niveles que afectan a Pemex.

Es más, si el reciente episodio de desabasto de combustibles no tocó a San Luis Potosí fue gracias a las terminales de almacenamiento que Exxon/Mobil tiene con Orsan en la capital de ese estado y San José Iturbide, Guanajuato. El combustible que allí se guarda se produce en Texas y llega a México por ferrocarril. Ya en nuestro país, se carga en pipas privadas y se vende a los automovilistas en estaciones de servicio Mobil.

En cambio, las gasolinerías que compran el combustible a Petróleos Mexicanos dependen en 69% de las pipas blancas de Pemex para la entrega del producto, de acuerdo con información incluida en un amparo que tramitó esa empresa en 2015 para no perder sus privilegios de distribución.

El Estado mexicano ha sido terriblemente ineficiente en este negocio. A Pemex le roban los funcionarios, los trabajadores y muchos delincuentes de fuera. El contrato colectivo de la empresa encarece su operación. Su deuda supera ya los dos billones de pesos.

¿Qué ganamos los mexicanos con tener al Estado metido de forma aún tan abrumadora en el mercado de los combustibles?

Los dogmáticos dirán que es cuestión de soberanía, como si Japón –que importa 93% de los energéticos que usa– no fuese un país soberano. Sé que no ocurrirá, porque el petróleo es un tótem ideológico en México, pero sacar al Estado del negocio de las gasolinas sería un gran paso para acabar con el huachicoleo.

Lo que ha sucedido en México en días recientes no le pasa a un país que tiene un sector de combustibles regido por la libre competencia.

La última vez que Estados Unidos sufrió por un desabasto de combustible fue en noviembre de 2012, luego de que el súper huracán Sandy golpeó al noreste de ese país.

Antes de eso, hay que remontarse a los años 70 para ver imágenes de estadunidenses haciendo largas filas frente a las estaciones de servicio. En 1973, Estados Unidos fue blanco de un embargo de la OPEP, lo que ocasionó un desabasto. En 1979, éste volvió a repetirse, aunque en menor medida, por la suspensión de la producción petrolera de Irán, con motivo de la revolución de los ayatolas.

Lo que vemos hoy en México no ha sido causado por desastres naturales o conflictos geopolíticos, sino por la decisión del gobierno mexicano de combatir la corrupción en Pemex mediante una estrategia que, por lo pronto, sólo ha dejado sin gasolina a miles y miles de mexicanos.

Se ha dicho que es loable que el gobierno vaya tras los ladrones de combustible. Sí, en el sentido de que aplicar la ley siempre es lo correcto (aunque, de hecho, se trate de la obligación de la autoridad).

Pero esos huachicoleros –los de adentro y fuera– probablemente no harían de las suyas si el Estado no estuviese ocupado en algo que las empresas privadas pueden hacer de forma más eficiente.