Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dice que para transformar un país –el suyo– no se puede perder tiempo. Doce días después de haber sido elegido presidente de México, anuncia las primeras 13 reformas que enviará al Congreso y que marcarán el inicio de su gobierno. Pero, ¿qué situación encontrará AMLO cuando asuma la presidencia el 1ro. de diciembre próximo?

El México que llega a las manos de López Obrador es un país donde la violencia, la impunidad, la pobreza, las relaciones diplomáticas, la economía y los casos de corrupción han generado una crisis de dimensiones históricas sin precedentes.

Por solo poner algunos ejemplos, desde diciembre del 2012 hasta mayo del 2018, se registraron 119 393 homicidios dolosos en México y son 37 435 el número de personas de-saparecidas que existen actualmente registradas.

Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 2012 al 2017 se emitieron 25 recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos. El asesinato de periodistas alcanzó una cifra récord, con 44 casos documentados en el actual gobierno del total de 117 que se han registrado desde el 2000.

Este es el escenario que enfrentará el próximo gobierno de la República, a lo que se suman las consecuencias generadas por la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la virtual quiebra de Pemex y una crisis de derechos humanos que trasciende las fronteras.

Las medidas presentadas el pasado miércoles por el nuevo mandatario representan algunas de las prioridades legislativas que tendrá su gobierno y tratan de resarcir muchos de estos problemas.

Contemplan, entre otras cosas, una reforma para eliminar el fuero de funcionarios de alto nivel –incluido el presidente– y una anunciada ley de revocación de mandato.

López Obrador dijo que la reforma para «terminar con fueros y privilegios» busca que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y corrupción, para los que pide se eleven las penas, al igual que para el robo de combustible.

El representante de Morena afirmó que emprenderá cambios que permitan adelgazar la estructura de la administración pública, como parte de un anunciado plan de austeridad que incluye también reducir salarios de funcionarios de alto rango y eliminar pensiones a expresidentes.

«Todo lo relacionado con el combate a la corrupción y con el plan de austeridad republicana, eso va a tener prioridad desde el primer día de instalación del Congreso», añadió.

Ratificó que buscará revocar o modificar la reforma educativa emprendida 
por el actual Gobierno y establecer el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles de escolaridad.

«Se establecerá en la ley el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y quitar trabas o candados para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana que deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa».

López Obrador ganó por abrumadora mayoría y con promesas relacionadas con la eliminación de la profunda corrupción que agobia al país, golpeado además por la creciente violencia y un débil crecimiento económico.

El reto es enorme y no solo para él, sino también para un Gabinete de Gobierno que ya ha comenzado a conformar a partir de diferentes actores políticos y económicos, los que deberán –según sus propias palabras– trabajar en un proyecto común que ponga a México por encima de lo que es hoy.

ALGUNAS DE LAS MEDIDAS QUE AMLO ENVIARÁ AL CONGRESO

- Ley reglamentaria sobre salarios máximos.

- Creación de la Secretaría de Seguridad Pública.

- Abolición de fueros y privilegios.

- Nuevos delitos graves: corrupción, robo de combustibles y fraude electoral.

- Presupuesto y Ley de Ingresos.

- Trasladar el Estado Mayor a la Secretaría de la Defensa Nacional.

- Revocar decretos sobre privatización del agua.

- Revocar Leyes de la reforma educativa.

- Incorporar al artículo 3 constitucional el derecho a la educación superior.

- Revocación de Mandato.

- Quitar trabas para la Consulta Popular.

- Reformas sobre aumento al salario mínimo en la frontera.

- Ajustar la administración al plan de austeridad, sin despidos de trabajadores de base