CIUDAD DE MÉXICO.

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló eliminar el fuero a los funcionarios, incluso al Presidente de la República.

Con 370  votos a favor, las reformas a los artículos 7, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución,  establece que el jefe del Ejecutivo podrá ser acusado de traición y delitos del orden común.

Cabe señalar que los funcionarios no serán sancionados con penas privativas de libertad por deudas de carácter civil, ni tampoco por las conductas qeu atenten contra el honor de las personas como difamación, calumnia e injuria.

Además se se les puede imputar penalmente durante el tiempo del cargo que ocupen a gobernadores, diputados locales, Magistrados de los Tribunales de Justicia de las entidades federativas, Consejos de las Judicaturas, presidentes municipales, alcaldes y concejales.

Para la aplicación de las sanciones, la Cámara de Diputados  procederá a la acusación ante el Senado previa declaración de la mayoría absoluta, “y en el caso del Presidente de la República, se requerirá de mayoría calificada”.

El dictamen que integra las 32 iniciativas presentadas en la materia desde 2015, fue respaldada por todos los grupos parlamentarios de San Lázaro.

Hernán Cortés, diputado del PAN, comentó:

“El Presidente de la República deja de ser intocable, por fin se incluye para sea motivo de juicio político, por fin, se escucha el clamor ciudadano”.

Virgilio Caballero, diputado de Morena, apuntó:

“Esta legislatura pasará a la historia por atender una demanda social que pone fin a estos privilegios, con este dictamen se pone un alto a la protección de quienes han abusado de un puesto público desde hace décadas”, señaló el diputado de Morena, Virgilio Caballero luego de indicar que su bancada fue quien presentó la iniciativa.

Francisco Javier Martínez Neri, coordinador de diputados del PRD, dijo:

“Nunca más un Duarte, ni un Moreira, ni un gobernador prófugo para acumular riquezas injustificables”, sentenció el coordinador de la bancada perredista, Francisco Javier Martínez Neri.

Para proceder contra el Presidente y otros funcionarios bastará con la denuncia presentada y ratificada por la autoridad correspondiente.