Hasta ahora hemos visto al crimen organizado extorsionando negocios fijos y líneas de transporte público. También, poniendo “impuestos” a la venta de pollo, limón, tortilla y otros productos, y ordeñando ductos de combustible.

Habíamos escuchado, asimismo, cómo la delincuencia cobra tajadas de los presupuestos municipales destinados a la obra pública.

Sin embargo, hasta ahora no habíamos tenido indicios de qué tan a fondo se han metido los criminales en la economía del país como los que se asomaron esta semana en el municipio poblano de Palmar de Bravo.

Allí, las obras de construcción de una carretera, entre Cuapiaxtla y Cuaucnopalan, dañó una tubería de agua potable, dejando sin el líquido a esa última comunidad. Como ya se ha vuelto costumbre en estos casos, los afectados armaron una manifestación para protestar. Una treintena de personas, entre las que había mujeres y niños, se apersonaron en el lugar de los trabajos, interrumpiendo el paso de camiones y maquinaria. 

Uno hubiera esperado que, como también ocurre en esas situaciones, una autoridad llegara a dialogar con los manifestantes. Incluso, no hubiera sido raro que arribaran elementos antimotines de la policía para hacerlos a un lado.

Sin embargo, ocurrió algo completamente distinto: quienes se presentaron en el lugar fueron civiles armados, a bordo de camionetas como las que usa el crimen organizado, con fusiles de asalto como los que usa el crimen organizado, y realizaron disparos al aire para disuadir a las personas de permanecer en el lugar. Todo quedó grabado en un teléfono celular, y el video se difundió por las redes sociales.

“¡Ahí vienen!”, gritaron algunos cuando vieron llegar los vehículos. Se nota que los afectados ya sabían de quiénes se trataba. En algunas notas periodísticas trascendió que los delincuentes provenían de Cuesta Blanca, una localidad del mismo municipio, enclavado en la zona que se ha dado en llamar el “triángulo rojo del huachicoleo”, y que estaban a las órdenes de El Borrego y El David, identificados como líderes de una célula criminal. 

¿Qué intereses podría tener la delincuencia organizada en la construcción de una carretera? Sólo podemos especular. Desde luego, alguno debe tener para haber actuado como lo hizo. ¿Vende la gasolina robada a los constructores? ¿Vende “protección”?

Uno tiene que preguntarse dónde estaban las autoridades cuando llegaron los civiles armados a ahuyentar a los manifestantes. ¿Dónde estaba la policía estatal, dónde estaba la Guardia Nacional? Aquello pudo haber acabado en una masacre si la gente que protestaba hubiera decidido no moverse.

Claro, sólo después de que se viralizaron las imágenes, el gobierno poblano hizo como que le importaba la situación. Pero en lugar de decirle a la gente que no se preocupara, que contaban con la autoridad, lo primero que informó fue que los disparos habían sido “al aire”. ¡Ah, bueno!

Horas antes, un medio poblano había difundido la queja de un grupo de transportistas –que son víctimas frecuentes de robo en esa misma región, por donde pasa la autopista México-Puebla-Orizaba-Veracruz–, denunciando que los encargados de la Guardia Nacional están a las órdenes de los criminales.

¿Quién manda en esa zona? Es evidente que la autoridad constituida, no. Manda el crimen.  

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