Contratos a discreción. Por María Amparo Casar Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad @amparocasar
Ni las palabras ni las buenas intenciones son suficientes cuando se trata de erradicar la corrupción, sin embargo, la forma en la que se han realizado las compras públicas nos muestra otra realidad. Este gobierno no ha parado de beneficiar con contratos millonarios a su círculo cercano. La discrecionalidad en la asignación de contratos públicos ha marcado a esta administración.
Otro misterio sin resolver es cómo y en qué se están gastando los recursos públicos que otorgó el Gobierno Federal para reconstruir las zonas dañadas del Huracán Otis. A cuatro meses de la catástrofe, no sabemos cuántos recursos está destinando el gobierno en la recuperación de las zonas dañadas.
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El desvío de más de 15,308 millones de pesos en Segalmex es uno de los desfalcos más grandes (y graves) que ha sufrido el país. Por ello, con motivo de los premios Oscar hicimos un ejercicio comparativo que nos dejó asombrados. Y es que si sumamos el presupuesto de cada una de las cintas nominadas a Mejor Película en los Premios Oscar tenemos un total de casi 10 mil millones de pesos, cantidad que está muy por debajo del total de Segalmex.
Después de que Mexicanos contra la Corrupción reveló que la detección de “factureras” cayó un 98% en 2023, una denuncia ciudadana promovió que se indague esta falta de acción por parte de las autoridades.
El Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruyó que se investigue la caída en la detección y sanción de empresas fantasma, también conocidas como “factureras”, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Han pasado 4 meses de que el huracán Otis devastó el estado de Guerrero. Este evento creció de forma repentina de tormenta tropical a huracán categoría 5, y afectó a los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez. Hasta ahora es un misterio cómo se están gastando los recursos erogados por el gobierno federal para la reconstrucción de las zonas afectadas.
Con frecuencia, las autoridades ministeriales se quejan de que “la gente no denuncia”, pero rara vez reflexionan sobre las terribles desventajas que hay en la denuncia. La Encuesta MCCI-Reforma 2023 sugiere que en los últimos tres años se ha reducido drásticamente el porcentaje de personas que le encuentran algún sentido a denunciar actos de corrupción: apenas más del 10% cree que tiene alguna utilidad. En un país con una cifra negra tan alta de delitos que ni se denuncian ni se persiguen, la única forma de estimular la denuncia es hacerla más sencilla, menos gravosa, evitar la revictimización.
En el discurso, el gobierno federal promueve constantemente que ya no hay tolerancia a la corrupción y la impunidad desde el poder; sin embargo, la forma en la que realizan las compras públicas evidencia otra realidad. No es novedad que este gobierno, al igual que los anteriores, ha beneficiado con contratos multimillonarios a sus cercanos. El problema no es solo el tráfico de influencias que beneficia a los amigos de los hijos del presidente. También este gobierno ha promovido medidas que aumentan la discrecionalidad en la asignación de contratos públicos
