El gobierno de López Obrador ha calificado como crimen de Estado hechos que no lo son, como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, un crimen cometido por grupos delincuentes en complicidad con autoridades locales de Guerrero o, incluso, sin investigación alguna de por medio y cuando existe un asesino confeso y condenado, el asesinato de Colosio, en 1994.

En el atentado sufrido por el periodista Ciro Gómez Leyva, el presidente López Obrador pasó de una tibia solidaridad con el agredido a denunciar y a dejar entrever un “autoatentado” (pese a que la propia Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han sido claros en decir que se trató de una agresión directa contra el comunicador) y a insistir, una y otra vez, en que ese ataque a Ciro no fue un crimen de Estado.

La verdad es que nadie ha dicho que se trate de un crimen de Estado, en lo que sí hemos insistido numerosos comunicadores (180 en un desplegado publicado ayer, muchos más en distintos espacios a lo largo de toda esta semana pasada desde el ataque) es que desde Palacio Nacional se ha creado un clima de agravio, polarización y de ataques infundados a los periodistas, lo que fomenta este tipo de agresiones.

Ayer, el presidente López Obrador dijo que él “no polariza, sino que politiza” la discusión. No es verdad, si quisiera politizar el debate discutiría los temas, por ejemplo, de seguridad o de economía, la reforma electoral o la energética. El Presidente prefiere insultar en lugar de debatir. Ha llamado a los periodistas, según el seguimiento de Luis Estrada, hipócritas, en 193 veces, sobre todo en 2022 y 2021; racistas, en 163 ocasiones, principalmente en este 2022; clasistas, en 113 ocasiones; aspiracionistas, 45 veces. También, entre sus insultos preferidos, están los de déspotas, rateros, deshonestos, simuladores, ladinos, sabiondos, y ayer reiteró otro que suele usar, hampones. Lo hace para todos, sin discriminaciones, aunque tiene un grupo de comunicadores, entre los que está Ciro, a los que suele agraviar en forma más asidua.

¿Alguien me puede decir qué tiene que ver esa lista de agravios con el debate politizado de la agenda nacional? Nada, se trata de reemplazar los argumentos por agravios, los datos que no se quieren discutir por los insultos, a pesar de gozar todos los días de dos horas en la mañanera y de contar con todo el aparato de comunicación del Estado, que hace tiempo ha dejado de ser público para ser partidario.

Es tal la falta de empatía que, incluso en el caso del atentado contra a Ciro, el presidente López Obrador reiteró que la víctima no es quien lo sufrió, sino él mismo y su gobierno, y reclamó una investigación, que su propia administración es quien la debe realizar. E insistimos, garantizar la seguridad de los periodistas, así como la de cualquier otro ciudadano, no es responsabilidad de los medios o de los comunicadores, sino del gobierno, en sus tres niveles. Y no sólo no se garantiza la seguridad, con más de 140 mil homicidios en lo que va del sexenio, y con 17 periodistas asesinados en lo que va del año, sino que la norma sigue siendo la impunidad y, en casos como el de Ciro, el que se victimiza es el propio poder. 

 

 

 

 

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Nadie le reclama al gobierno federal que no defienda sus posiciones, que no realice una legítima lucha política, la que se encauza por los límites democráticos, para lograr imponer en la opinión pública, o en las leyes, sus posiciones. Lo que no es legítimo es utilizar el poder para agraviar, descalificar, polarizar a una parte de la sociedad o a sus críticos. Las palabras tienen peso, las palabras de un Presidente mucho más. No medirlas y abusar de ellas es, simplemente, un abuso de poder. 

EL GOLPISTA ES CASTILLO

Ayer, fue expulsado del Perú el embajador de México en la nación andina, Pablo Monroy. El nuevo gobierno peruano acusa al de México de intervenir en sus asuntos internos por el desconocimiento de las nuevas autoridades, después de la destitución de Pedro Castillo, a quien la administración López Obrador sigue reconociendo como el legítimo mandatario peruano. Lo cierto es que Castillo no fue destituido por un golpe de Estado, el que intentó dar un golpe de Estado fue Castillo, que horas antes de ser destituido ordenó desaparecer el Congreso e intervenir el Poder Judicial, declarar el estado de excepción y gobernar por decreto. El golpista es Castillo, no el Congreso que lo destituyó por amplísima mayoría, incluso de los miembros de su propio partido, por varios delitos, pero sobre todo por corrupción, en un esquema en el que participaban su esposa, sus hermanos, sus cuñados, otros familiares y sus más cercanos colaboradores.

En Perú, siguen funcionando el Congreso y el Poder Judicial, la que asumió el poder fue la vicepresidenta de Castillo, y cuando éste intentó que el ejército y la policía federal apoyaran su golpe de Estado, los mandos militares y policiales dijeron que respetarían la legalidad y la Constitución.

De eso se trata, eso es lo que le reclama el gobierno peruano al de López Obrador. México no está defendiendo las instituciones democráticas en Perú, sino al que intentó desaparecerlas y dar un golpe de Estado, que fue el propio Pedro Castillo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para hoy 23 de diciembre de 2022.