20 de Marzo de 2021

Con todos los 30 años de esfuerzos políticos y diplomáticos, las emisiones nocivas a la atmósfera han continuado aumentando año tras año. El Acuerdo de París de 2015, extensión de la Convención sobre Cambio Climático adoptada en Río de Janeiro en junio 1992, mismos que México ha firmado, y el cual tiene por objetivo  mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los dos grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, o sea, el periodo de 1850-1900. Los signatarios convinieron proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 °C.

Cada país miembro asumió el compromiso de contribuir voluntariamente a dicha meta de manera “ambiciosa”, como se expresa en el artículo 3 del Acuerdo. Se trata de disminuir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible y alcanzar, para 2050, un estado de “neutralidad climática”.

En el 2019, sin embargo, las emisiones mundiales de GEI volvieron a aumentar y llegaron a un máximo histórico: 52,4 GtCO2e sin incluir otras mediciones, como las derivadas del cambio de uso de suelo, y 59,1 GtCO2e si se incluyen. La estación de Mauna Loa, en Hawái, registró una concentración media de CO2 de 416,75 ppm en febrero de 2021, superior a los 414,34 ppm de febrero de 2020.

Para México, cumplir el acuerdo significa reducir el uso de energías contaminantes. Pero las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobadas hace unos días en la Cámara de Diputados, relegan indefinidamente el empleo de combustibles renovables para priorizar fósiles contaminantes: combustóleo como subproducto de Pemex destinado a las plantas de la CFE.

El juez de lo Administrativo, Juan Pablo Gómez Fierro, declaró inconstitucional, por razones jurídicas, la reforma a la Ley de La Industria Eléctrica, suspendiendo sus efectos y así paralizando ese componente importante de la 4T. Esta decisión, a la que luego se sumó el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, detonó el furor del  presidente López Obrador, quien solicitó al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, pedir al Consejo de la Judicatura Federal  investigar la cuestión. El ministro Saldívar respondió que la independencia judicial y la división de poderes son parte esencial de la democracia y “que el Consejo de la Judicatura seguiría garantizando que los juzgadores federales actuaran con independencia, autonomía y libertad”.

Como si los jueces fueran empleados del Ejecutivo, López Obrador anunció que, de confirmarse los casi 30 amparos por inconstitucionalidad, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución para adecuar ésta a la ley impugnada ya que no puede “ser cómplice de robo o saqueo de particulares que dañen a la Hacienda Pública”. Tal acción rimaría con la iniciativa recién presentada por Morena para “evitar que los juicios de amparo se utilicen para obstaculizar principios de austeridad republicana… y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado, como CFE y Pemex”.  Ahí estamos, pendientes de la CFF.

No es aceptable que AMLO cuestione e impugne la validez y legitimidad de las decisiones de los jueces que son un fundamento de la división de poderes, pilar básico de un gobierno democrtático. El Poder Judicial no tiene más que mantenerse firme en sus cimientos.

Confirmar, sin embargo, la versión aprobada de la Ley de la Industria Eléctrica sería contraponerse a las obligaciones del Acuerdo de París, que es un compromiso de nivel constitucional. Denunciar el acuerdo, como lo hizo  Trump, ubicaría a México a contracorriente de la preocupación mayoritaria, marginándonos de un esfuerzo internacional de incalculable trascendencia en la vida de toda la humanidad.

Tanto los términos del compromiso trilateral del T-MEC como el proyecto de actualización del acuerdo de México con la Unión Europea están de por medio. Respetar nuestros compromisos económicos y políticos en estos dos, de varios casos multilaterales, es vital para que contemos con la cooperación que siempre requeriremos de la comunidad mundial. El caso muy actual de las escaseces de vacunas viene a cuento.  

Será en extremo lamentable que el jefe del Ejecutivo optara por arrastrar a México a salirse del Acuerdo de 2015. Sería una prueba más de la inconfiabilidad que los inversionistas norteamericanos, europeos y chinos han advertido. 

Y todo porque AMLO, en su limitada visión pueblerina, insiste en que ha de sacrificar la perspectiva económica de México en aras del chapopote de Pemex y el hollín de la CFE.