Leo Zuckermann Juegos de poder
El acceso a internet se ha convertido en un servicio de primera necesidad, tal como ocurrió con la electricidad el siglo pasado. El Presidente lo entendió y, por eso, prometió llevar el internet a toda la población.
El problema es que hay muchas regiones donde no es rentable para las empresas privadas llevar este servicio. La inversión de la red cuesta mucho dinero y se torna imposible recuperar el capital con los pocos usuarios que hay en comunidades chicas, pobres y aisladas del país. Las empresas prefieren quedarse con la “pechuga” del mercado, es decir, las grandes ciudades y, sobre todo, las clases medias y altas que tienen los recursos para pagar este servicio.
Si las empresas privadas no quieren ir a los mercados no rentables, el gobierno debe intervenir para que llegue el servicio a las comunidades que carecen de él. Tiene que subsidiar no sólo el capital, sino el costo de operación, ya que esas poblaciones carecen de los recursos para pagarlo.
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Se trata de un asunto de justicia social. Y es que, hoy, al igual que la electricidad y el agua potable, el acceso a internet es fundamental para tener mejores oportunidades económicas en la vida.
Yo, como liberal, no me opongo a la intervención del gobierno para llevar internet barato, incluso gratis, a las comunidades más pobres y alejadas del país. La pregunta es cómo hacerlo.
El gobierno mexicano tiene dentro de la Comisión Federal de Electricidad una unidad llamada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que está desplegando una red pública de internet y servicios móviles 4G para estas comunidades donde, se calcula, viven 60 millones de mexicanos.
Sin embargo, la CFE TEIT no tiene, por sí sola, la capacidad de llegar a todas las viviendas. Es el problema de la llamada “última milla”: la infraestructura de llevar la señal de las redes principales a los hogares es muy cara y compleja.
Ahí entra a escena Altán Redes, una empresa que se formó el sexenio pasado con el objetivo de conectar a todos los mexicanos.
Esta corporación actualmente está quebrada. Se encuentra en “concurso mercantil”, ya que no puede pagar todas las deudas que tiene. Se calcula que son mil 500 millones de dólares de pasivos. A todas luces se trata de una empresa pésimamente administrada. Gastan mucho, le deben a sus proveedores y bancos, y no han logrado el objetivo de llevar internet barato a todo el territorio nacional.
Ahora el gobierno de López Obrador ha decidido rescatarla con dinero de los contribuyentes.
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