Ayotzinapa

La veracidad contundente con la que se han presentado los nuevos informes del GIEI, respecto al caso Ayotzinapa, supondría que cuentan con más información de la que ofrece un video tomado desde un dron, del que poco puede deducirse, pero mucho puede imaginarse para recrear y construir una nueva verdad histórica. A 8 años de aquella trágica noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, nuevas investigaciones intentan dar un giro vertiginoso a la famosa verdad histórica del gobierno de Peña Nieto. Si bien es cierto que la desaparición de 43 jóvenes de entre 17 y 25 años es una afrenta social y una tortura para las familia de las víctimas, la realidad es que Ayotzinapa le ha dado, le sigue y le seguirá dando, independientemente de su auténtica defensa de los derechos humanos, discurso a gobiernos de todos los colores, a contrincantes de campañas políticas de todos los partidos y a intereses a favor o en contra de las instituciones que, de una u otra manera, se vieron involucradas en estos lamentables hechos. 

El video que se ha hecho público es material de una investigación, video que fue tomado por personal de la Secretaría de Marina y muy probablemente entregado a quienes en su momento estaban encargados de dicha investigación. Parece absurdo que el mismo gobierno filmase un hecho de alteración o construcción de pruebas y que éstas evidencias se guardaran para salir a la luz pública en esta administración. Primero, porque quienes están siendo señalados por un personaje muy cercano al gobierno  como cómplices y responsables, son los mismos que hoy se encuentran al frente de alguna secretaría, como es el caso del almirante Rafael Ojeda, quien en ese momento era el Comte. 8ª Región Naval en Acapulco Guerrero, y que por la importancia de una región y no una Zona Naval, están bajo su responsabilidad todos los municipios, incluso de más de un estado, es imposible que el actual secretario de Marina no estuviera enterado de las acciones a detalle en la investigación de Murillo Karam.

Por otra parte, Omar García Harfuch, actual SSC de la CDMX era jefe de la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrieron los hechos. Habría que preguntarles a ambos sobre los acontecimientos que parecen salir más de una serie de plataformas streaming, que de una investigación seria que sólo permite ver un linchamiento institucional y olvida que los estudiantes fueron secuestrados y asesinados por un grupo criminal con el auspicio de la policía municipal. ¿Qué le da a ese personaje mediático del primer círculo la autoridad de hablar con tanta seguridad sobre los hechos? ¿Sus relaciones obligadas para conocer las entrañas del crimen organizado para sus contenidos de Netflix? 

Lo cierto es que ese personaje que al tratar de apoyar la estrategia de seguir escudriñando el pasado para no atender el presente en temas de seguridad, termina contradiciendo al Presidente, quien intenta deslindar de lo encontrado a Peña Nieto y a los funcionarios de su gobierno. Se va con todo en contra de las Fuerzas Armadas señalándolas como cómplices del caso Ayotzinapa, mientras que el Presidente ofrece incansablemente su total confianza a la institución militar. 

El caso de Alejandra Cuevas liberada por unanimidad de la SCJN al no haber encontrado ninguna prueba a las acusaciones del fiscal de la República, deja a su paso un gran tiradero. Los audios que evidencian que en la FGR se usó el poder del Estado, los recursos del Estado, los funcionarios del Estado y las instituciones del Estado para cobrar una venganza personal del fiscal, dejan a todo ciudadano ausente del Estado de derecho.

 DE IMAGINARIA

El caso de Alejandra Cuevas nos deja en total indefensión, sobre todo cuando el Presidente, a pesar de prometerle protección como víctima de un agresor, ofrece su respaldo y confianza al fiscal agresor de quien se supone debe protegerla. El reemplazo del fiscal daría certidumbre a la justicia de nuestro país.