¿Decretazo y precedente?

Otro decretazo. La mayoría de Morena, PVEM, PT y PES sacó adelante un decreto con el que funcionarios podrán hacer promoción de la revocación de mandato. En una reacción inesperada diré: muy bien. Muy bien porque en 2007, cuando se votó aquella ley electoral prohibicionista, la democracia mexicana quedó al amparo de regulaciones que le redujeron su espectro de acción y, por lo mismo, las vías para su configuración. Todo con la finalidad de blindar los procesos electorales, dijeron en aquel entonces. Nada de recaudación de fondos ni de campañas en las que se eche la casa por la ventana, según las posibilidades de cada fórmula. Nada.

Todo tenía que estar regulado y limitado. Sin embargo, en la práctica, ¿eso desapareció las campañas bajo el agua? ¿Eso controló el uso de recursos? ¿Eso hizo que nuestros procesos electorales y sus personajes actuaran maniatados? ¡Desde luego que no!

Así que con ello nuestros procesos democráticos intensificaron su esquizofrenia: porque así como los partidos políticos votaron aquella ley, también buscaron las vías para romperla. ¿Cuántas figuras han sido acusadas por rebasar gastos, por no comprobarlos o por omitir su origen? Hay sendos antecedentes de videoescándalos negados por el grupo afectado, pero reiterados cuando la responsabilidad recae en el contrario. Prohibido todo, pero todo lo que bien puede hacerse por debajo de la mesa. 

Insisto: muy bien porque el proceso de revocación de mandato genere un decreto como éste (sí, aprobado a toda velocidad y publicado en el DOF horas después, eso ya es otra cosa y merecerá otra reflexión), porque abre un precedente y detiene que la esquizofrenia se agudice. Llevábamos varios días analizando y observando la aparición de anuncios espectaculares, en varias ciudades del país, donde se promueve la participación ciudadana, pero, el misterio, nadie sabe quién los paga ni de dónde viene cada centavo de los varios miles de pesos que eso cuesta. Lorenzo Córdova lo ha reiterado debidamente en varias ocasiones: no se pueden hacer leyes y esos mismos que las redactan ser los primeros en romperlas. Este proceso tuvo vicios de origen, como éste, ordenar sanción a los funcionarios que la promuevan, ¿pues qué no se trata de eso? ¿de convocar? 

Esto tendría que verse, en todas las fuerzas políticas, como un precedente: una democracia también exige procesos, no sólo transparentes, sino más abiertos y libres de mojigaterías. De lo que se trata es de abonar a la objetividad a través de caminos mucho más transitables y para llegar a ellos se deben eliminar aquellas restricciones que dan pie a los tejemanejes por debajo del agua. Prefiero funcionarios hablando tal cuál sobre sus posturas, que grupos creados por intereses particulares y de los que nadie se hace responsable. Si este decretazo ya publicado servirá, también lo hará para eso: para encauzar a que nuestra democracia deje de lado su hipocresía.