Otro nuevo escándalo del gobierno de López Obrador
Leo Zuckermann Juegos de poder
No bien está saliendo el presidente López Obrador del escándalo de la Casa Gris (aunque falta transparentar y aclarar la relación de su hijo José Ramón con el empresario Daniel
Chávez de Vidanta), cuando empieza a surgir otro posible caso que pondría en entredicho la honestidad de este gobierno.
Me refiero al caso de un posible tráfico de influencias y extorsión ejecutado desde la Consejería Jurídica que estaba a cargo del hombre más fuerte de este gobierno durante la primera mitad del sexenio, Julio Scherer, a quien el Presidente calificó como “un hermano”.
-
A continuación gloso el reporte de Arturo Ángel del 27 de febrero en el sitio Animal Político, que dirige Daniel Moreno.
En julio de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Juan Collado, conocido abogado de varios políticos priistas, entre ellos los expresidentes Salinas y Peña. Le dictaron prisión preventiva por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada relacionados con la venta fraudulenta de un terreno por el que obtuvo una ganancia ilícita de 24 millones de pesos. Luego la Fiscalía le imputaría dos cargos más de fraude y defraudación fiscal. Su proceso continúa mientras él se encuentra detenido en el Reclusorio Norte.
Acusado por la FGR, Collado eventualmente solicitó atenerse al criterio de oportunidad, es decir, se convirtió en testigo protegido para desenmascarar un presunto “grupo delictivo organizado que, bajo el amparo de las instituciones del Estado mexicano, crearon una red de complicidad con el único beneficio de obtener beneficios económicos”.
Según Collado, cuatro abogados (Juan Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau) presumían ser emisarios del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. Por tanto, tenían acceso a información anticipada y privilegiada del gobierno federal, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y del Poder Judicial de la Federación.
Collado les creyó y entregó diez millones de pesos en efectivo para que la UIF frenara una investigación y otro millón 386 mil dólares para que lo liberaran del Reclusorio Norte, cosa que no ocurrió. Habrían también acordado, para lograr su liberación, llegar a un “acuerdo reparatorio” de dos mil millones de pesos. Y en un lance francamente escabroso que Collado le vendiera a Julio César Villarreal Guajardo, dueño de Banco Afirme, muy cercano al gobierno y amigo de Scherer, sus acciones de Caja Libertad a un descuento considerable. “Libertad por libertad”, le habrían dicho estos abogados que presumían representar a Scherer, el funcionario todopoderoso que supuestamente controlaba el aparato de justicia en su totalidad.
De ser verdad, estaríamos frente a un posible caso de tráfico de influencias y extorsión de Julio Scherer a través de los abogados personeros arriba citados. Al parecer, Collado tiene pruebas de mensajes donde le habrían filtrado, por ejemplo, un proyecto de resolución de amparo de un tribunal que no había sesionado.
La Fiscalía ya procedió en contra de los abogados personeros, pero extrañamente dejó fuera de las acusaciones a Scherer. Los primeros niegan las imputaciones, el segundo no ha hablado. El que sí lo ha hecho es su “hermano”, López Obrador, quien le recomendó a Collado llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía en lugar de orquestar una campaña mediática para golpear a su gobierno. López Obrador, en particular, criticó al periódico Reforma que, al igual que Animal Político, dio cuenta de este caso. La típica estrategia del Presidente de culpar a los medios en lugar de entrarle al fondo del asunto.
Las preguntas son muchas. ¿Hay pruebas de que Scherer efectivamente estaba detrás de esta red de abogados que prometían arreglar casos jurídicos a cambio de dinero? ¿Dónde quedó el dinero que entregó Collado? ¿Cómo lo repartieron? ¿Recibió algo Scherer? ¿Sabía el Presidente de estas maniobras de su consejero jurídico? ¿Por eso lo despidió? ¿Llegará el fiscal Gertz Manero hasta las últimas consecuencias?
Para fortuna del Presidente, a diferencia de la Casa Gris, éste no es un escándalo difícil de explicar. Además, ningún mexicano se escandaliza de que abogados pidan dinero para liberar a sus clientes porque tienen una “palanca” en el gobierno. Es pan nuestro de cada día. La diferencia, en todo caso, es que esta red habría sido liderada por el hombre fuerte de un Presidente que todos los días repite que ellos son diferentes de los gobernantes del pasado. Un escándalo más para dudarlo.
Hoy que está de moda hablar de conflicto de intereses, escuchamos cómo el fiscal general de la República litiga directamente un caso que lo involucra. Me refiero al presunto homicidio de su hermano. Alejandro Gertz Manero está convencido que su familia política lo asesinó por la falta de cuidados cuando ya no podía valerse por sí mismo. Desde luego que está en su derecho de demandar justicia. Pero no puede él, como fiscal, utilizar a la institución que encabeza para ganar el caso. Tendría que excusarse y solicitar que un fiscal independiente lleve el asunto. No es así. Por el contrario, él mismo está liderando el caso en un clarísimo conflicto de interés.
Así lo escuchamos, con franqueza, en unas grabaciones que salieron este fin de semana. (Por cierto, resulta un escándalo que alguien esté grabando al fiscal y se hagan públicas sus conversaciones privadas; nada nuevo en este país, por desgracia).
Nos hemos enterado, gracias a las grabaciones, que la Fiscalía tiene el apoyo de tres ministros de la Suprema Corte, el tribunal que, al final, decidirá sobre el presunto homicidio de su hermano.
Desgraciadamente no nos sorprende esta revelación. Así funciona la justicia en México. Aquí no es ciega. Al revés, tiene mirada de águila. Distingue con nitidez entre las personas. Es inequitativa y llena de privilegios. Policías, fiscales y jueces la utilizan como vehículo de venganzas y/o enriquecimientos personales. Ni qué decir para detener la carrera de adversarios de sus amigos políticos.
Tenemos, en suma, una justicia que sirve a los intereses privados, no públicos.
En eso no ha cambiado nada este país. Ni con la democracia ni con el lopezobradorismo. La Suprema Corte ciertamente ha resuelto algunos casos emblemáticos tratando de corregir los excesos pero, en el fondo, seguimos teniendo una justicia basura.
Mientras que el crimen organizado controla territorios completos de la República, asesinando y extorsionando, el fiscal que los debe perseguir está concentrado en resolver el presunto homicidio de su hermano. Así sus prioridades. Y, como escuchamos, está dispuesto a todo. Quiere mantener, a toda costa, a su exparienta en la cárcel.
El gobierno de López Obrador, por su parte, usa la vieja táctica de utilizar la justicia con fines políticos. Presiona a la Fiscalía para procesar penalmente a posibles candidatos presidenciales en 2024 como Ricardo Anaya. Los otros posibles opositores toman nota.
Rosario Robles y José Luis Lavalle se presentaron muy decididos a probar su inocencia en un juzgado. Craso error. Los encarcelaron. Ahí siguen a pesar que la Fiscalía no ha probado su culpabilidad. La verdad es que su suerte estaba echada. Al gobierno de AMLO le convenía encarcelarlos, por venganza en el caso de Robles; por imagen, en el de Lavalle.
Ahora sale a la luz pública el presunto caso de tráfico de influencias y extorsión desde la mismísima Presidencia. El gobierno detiene a un abogado que sabe todos los tejemanejes de políticos corruptos del pasado. Juan Collado se defiende argumentando que lo están extorsionando. Abogados, presuntamente vinculados con el entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, le han solicitado dinero y las acciones de su empresa a cambio de su liberación. Collado decide denunciarlo. Se pasa, entonces, del lado de la Fiscalía. La “blanca palomita” ahora es testigo protegido.
Muy bien. El criterio de oportunidad se justifica si puede caer un pez más grande. Pero la FGR sólo acusa a cuatro abogados y un banquero, no a Scherer. ¿Por qué? ¿Lo está protegiendo su exjefe, el presidente López Obrador? La sospecha tiene fundamentos: no sería la primera vez que caerían, en nuestra justicia, los eslabones débiles de la cadena.