Leo Zuckermann Juegos de poder
No bien está saliendo el presidente López Obrador del escándalo de la Casa Gris (aunque falta transparentar y aclarar la relación de su hijo José Ramón con el empresario Daniel
Chávez de Vidanta), cuando empieza a surgir otro posible caso que pondría en entredicho la honestidad de este gobierno.
Me refiero al caso de un posible tráfico de influencias y extorsión ejecutado desde la Consejería Jurídica que estaba a cargo del hombre más fuerte de este gobierno durante la primera mitad del sexenio, Julio Scherer, a quien el Presidente calificó como “un hermano”.
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A continuación gloso el reporte de Arturo Ángel del 27 de febrero en el sitio Animal Político, que dirige Daniel Moreno.
En julio de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Juan Collado, conocido abogado de varios políticos priistas, entre ellos los expresidentes Salinas y Peña. Le dictaron prisión preventiva por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada relacionados con la venta fraudulenta de un terreno por el que obtuvo una ganancia ilícita de 24 millones de pesos. Luego la Fiscalía le imputaría dos cargos más de fraude y defraudación fiscal. Su proceso continúa mientras él se encuentra detenido en el Reclusorio Norte.
Acusado por la FGR, Collado eventualmente solicitó atenerse al criterio de oportunidad, es decir, se convirtió en testigo protegido para desenmascarar un presunto “grupo delictivo organizado que, bajo el amparo de las instituciones del Estado mexicano, crearon una red de complicidad con el único beneficio de obtener beneficios económicos”.
Según Collado, cuatro abogados (Juan Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau) presumían ser emisarios del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. Por tanto, tenían acceso a información anticipada y privilegiada del gobierno federal, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y del Poder Judicial de la Federación.
Collado les creyó y entregó diez millones de pesos en efectivo para que la UIF frenara una investigación y otro millón 386 mil dólares para que lo liberaran del Reclusorio Norte, cosa que no ocurrió. Habrían también acordado, para lograr su liberación, llegar a un “acuerdo reparatorio” de dos mil millones de pesos. Y en un lance francamente escabroso que Collado le vendiera a Julio César Villarreal Guajardo, dueño de Banco Afirme, muy cercano al gobierno y amigo de Scherer, sus acciones de Caja Libertad a un descuento considerable. “Libertad por libertad”, le habrían dicho estos abogados que presumían representar a Scherer, el funcionario todopoderoso que supuestamente controlaba el aparato de justicia en su totalidad.
De ser verdad, estaríamos frente a un posible caso de tráfico de influencias y extorsión de Julio Scherer a través de los abogados personeros arriba citados. Al parecer, Collado tiene pruebas de mensajes donde le habrían filtrado, por ejemplo, un proyecto de resolución de amparo de un tribunal que no había sesionado.
La Fiscalía ya procedió en contra de los abogados personeros, pero extrañamente dejó fuera de las acusaciones a Scherer. Los primeros niegan las imputaciones, el segundo no ha hablado. El que sí lo ha hecho es su “hermano”, López Obrador, quien le recomendó a Collado llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía en lugar de orquestar una campaña mediática para golpear a su gobierno. López Obrador, en particular, criticó al periódico Reforma que, al igual que Animal Político, dio cuenta de este caso. La típica estrategia del Presidente de culpar a los medios en lugar de entrarle al fondo del asunto.
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Las preguntas son muchas. ¿Hay pruebas de que Scherer efectivamente estaba detrás de esta red de abogados que prometían arreglar casos jurídicos a cambio de dinero? ¿Dónde quedó el dinero que entregó Collado? ¿Cómo lo repartieron? ¿Recibió algo Scherer? ¿Sabía el Presidente de estas maniobras de su consejero jurídico? ¿Por eso lo despidió? ¿Llegará el fiscal Gertz Manero hasta las últimas consecuencias?