Cada vez más, Pemex confirma que es una empresa improductiva del Estado, que su operación es francamente ruinosa y que la gestión, tanto de Octavio Romero como de Rocío Nahle, es patética.
Al darse a conocer los resultados de la empresa paraestatal, queda claro que los discursos ridículos de que llegaron unos contenedores, que en los emiratos árabes le aplauden o todas esas fantasías mezcladas con una ideología retrógrada son ridículas.
De acuerdo con los estados financieros, queda claro que la operación de Pemex es catastrófica, puesto que se disminuyen las ventas al extranjero en más de una quinta parte; parecería ironía que, por un lado, festejen el alto precio al que llega la mezcla mexicana en los mercados internacionales y, por el otro, haya una determinación del gobierno de vender cada vez menos al extranjero.
La incapacidad de Pemex para aumentar la producción se confirma en cada uno de sus estados financieros y la balanza deficitaria (se importa más de lo que se exporta) sigue creciendo, con los consecuentes resultados en las pérdidas de la empresa estatal. Se planteó la reforma energética supuestamente para fortalecer tanto a Pemex, que ya se está cayendo en pedazos, como a la CFE, que ha vuelto de los números rojos una constante de incapacidad y falta de buena operación.
Teóricamente, la 4T buscaba fortalecer a estas empresas del Estado como un vehículo para el crecimiento económico. No sólo no ha sido así, sino que son una pesada carga. Si bien, gracias al trabajo de la Secretaría de Hacienda en mantener la deuda externa bajo control y que se han tomado medidas correctas para fortalecer los ingresos tributarios, la calificación de la deuda nacional se ha mantenido, en todo momento se advierte del pesado lastre que son estas dos empresas operadas por este gobierno.
Vale la pena recordar que la CFE, durante los sexenios neoliberales e incluso después de la reforma energética de la administración pasada, no sólo operaba con números negros, sino que contribuía a las arcas públicas. Los malos números no se deben al régimen en el que operan, sino en cómo son administradas.
REMATE PARLAMENTO
Ha terminado finalmente el parlamento abierto sobre la reforma energética, el cual el gobierno tuvo que extender porque, como le ha informado el Padre del Análisis Superior, se les acabaron los promotores y hasta tuvieron que tratar de hacer pasar como expertos a caricaturistas y periodistas que no precisamente se dedican al género económico y, mucho menos, de energía.
El resumen puede ser más o menos así. Los radicales de Morena y sus adláteres siguen convencidos de que no debe cambiarse ni una coma, puesto que creen que es palabra sagrada revelada a través de Manuel Bartlett y eso podría ofender al Presidente de la República.
Los menos radicales de ese partido han hecho cuentas suficientes y saben que no lograrán los votos necesarios en el Congreso y tienen que ver cómo pueden pasar, por el momento, tomando las menores pérdidas posibles.
Lo peor que le podría suceder a este gobierno es que no logren atravesar por el Congreso de la Unión por tener una actitud impropia de un gobierno democrático. Así que tienen que estar buscando opciones a través de las cuales podrían hacer que las medidas funcionaran.
En la oposición es claro que no hay ánimo por subirse a un barco del gobierno por dos razones. Ellos no obtendrían ningún beneficio político, puesto que el Presidente y sus cercanos buscarían quedarse con toda la gloria y, en segundo lugar, pero no menos importante, porque la contrarreforma energética está mal y producirá mayores perjuicios que beneficios.
En este sentido, vale la pena destacar lo que ha ido poniendo sobre la mesa la iniciativa privada, al establecer que hay caminos intermedios, en los cuales todo el mundo dentro de la negociación podría resultar relativamente tranquilo con el acuerdo.
Ya se ha planteado la posibilidad de hacer cambios en las leyes secundarias, en el sentido del control que pretende el gobierno, pero que no quedaran en la Constitución y que permitieran a la iniciativa privada seguir operando con corrección.
Esta vía, que ha venido tomando fuerza, es buscar algo similar a lo que se logró con la muy exitosa negociación de la subcontratación, en la que todo el mundo resultó ganador.
Una salida de este tipo permitiría al gobierno establecer algunos puntos de victoria respetando el derecho y sin causar problemas en temas torales como el T-MEC y, también fundamental, generando certidumbre a la inversión.
