Collado, Lozoya y los idus de marzo

Comenzaron los idus de marzo. Las denuncias presentadas por Juan Collado respecto a una supuesta trama de corrupción en el gobierno federal, guarda demasiadas similitudes con el caso Lozoya. Al exdirector de Pemex, como hace ahora Collado, le ofrecieron buscar un criterio de oportunidad para quedar en libertad y, como hizo también Lozoya, lo realizó presentando una carta y una denuncia en las que involucra, por una parte, a muchos de quienes han sido sus clientes, relaciones políticas y profesionales y, por la otra, denunciando a un grupo de juristas que dice que trabajaba coordinado con el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra, en un esquema concertado de extorsión.

Cuando se lee la información que se filtró a Reforma, aparece una enorme cantidad de datos que resultan poco verosímiles, en la forma y en el fondo. Comencemos con las supuestas extorsiones. Ayer mismo, el presidente López Obrador dijo que fue él quien pidió que, para que quedara en libertad, Collado reparara el daño ocasionado.

No olvidemos lo central: Collado fue detenido hace dos años y medio, durante una comida con uno de sus clientes, el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, está acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se le acusa de haber creado una trama ilícita para mover millones de dólares de sus clientes, y de él mismo, entre México, España y Andorra.

Un reportaje de El País, basado en información oficial, reveló el año pasado que Collado había cobrado entre 2009 y 2013 en cuentas bancarias en el principado europeo casi 46 millones de dólares a través de una trama que también habían sido utilizadas por el cártel de Sinaloa para lavar dinero, y tanto él como su hermana escondieron millones de euros en cuentas en la Banca Privada D’Andorra. La reparación del daño durante este sexenio ha sido utilizada en varios casos en los que se encontraron irregularidades o presuntos delitos financieros y de corrupción, por parte del actual gobierno, como lo reconoció el presidente López Obrador: se usó en el caso Ancira (que ahora también dice haber sido extorsionado) y en muchos otros, incluyendo el famoso caso de Infonavit. No hay constancia alguna de que los abogados acusados por Collado, hayan extorsionado al detenido, o que los mismos fueran parte de los acuerdos que había establecido Collado con los abogados que él mismo contrató considerando que era lo mejor para su defensa.

Sus hijos, una vez detenido Juan, fueron a ver a Scherer, como éste lo reconoció, a pedido de ellos. Los recibió, como lo ha hecho con muchas personas que se han encontrado en problemas legales o políticos con la actual administración, entre otras razones porque era el consejero jurídico y el presidente López Obrador se lo pidió desde inicio de la administración, y por otra parte, porque era uno de los pocos que tenía interlocución con muchos sectores ajenos a la actual administración.

Lo cierto es que ahora, luego de que Scherer dejara la Consejería Jurídica en el contexto de la lucha de poder interna que se libra en torno a Palacio Nacional, la estrategia de declararse extorsionados para buscar la libertad se ha vuelto norma, y como en el caso Lozoya, Collado lo hace con una carta y una denuncia donde involucra a numerosos personajes del pasado y del presente. Como Lozoya, lo hace delatando a los que fueron los suyos para buscar su libertad. Y lo hace acogiéndose al llamado criterio de oportunidad que le ofrece la FGR. Collado dice también que le exigieron que vendiera por un valor inferior al real la institución financiera Caja Libertad. Lo cierto es que esa venta nunca se realizó y, por cierto, aunque ésa es otra historia, sería muy interesante saber cómo se hizo Collado de la Caja Libertad.

Lo cierto es que toda esta historia, como la de Lozoya, parece mucho más una estrategia concertada que un caso real de una trama de corrupción. Como en el caso Lozoya, Juan Collado lo hace sin más pruebas que sus dichos. El exdirector de Pemex denunció a 79 personas, desde expresidentes hasta periodistas, pasando por exlegisladores y gobernadores: no presentó pruebas contra uno solo. El exsenador Jorge Luis Lavalle es el único detenido en un proceso que podría seguir en libertad. El propio Lozoya es el que vuelve ahora a ser acusado porque se comprobó, como siempre dijo Odebrecht, que los sobornos que recibió no fueron para financiar campaña alguna, ni para comprar reformas legislativas, sino para su propio beneficio y de los suyos, para que apoyara a Odebrecht en la obtención de contratos. Algo similar ocurre con Collado.

Porque lo que sí queda claro, y ésa es información, no especulación, son los depósitos millonarios de Collado en euros en Andorra y otros países, en cuentas suyas, de su hermana y su cuñado y la trama de oscuros manejos financieros con empresas fantasmas, algunas de ellas ligadas al cártel de Sinaloa, para operarlos en una amplísima trama financiera. Ésos son parte de los recursos que le pedía el gobierno federal que regresara para la reparación del daño, una reparación que le estaban gestionando sus abogados y que, como en otros casos, originalmente se había negado a pagar, y cuando se le propuso una cantidad, no la aceptó. Ahora pide el criterio de oportunidad para quedar en libertad, tratando de explotar divisiones internas en el gobierno. Esos recursos y esa trama constituyen el dato duro y real, el que con versiones y filtraciones se intenta ocultar.