JorGE FERNANDEZ MENENDEZ
Cuando hoy comience la visita de John Kerry, el responsable de la política ambiental del gobierno de Joe Biden, se encontrará con un contexto difícil: con una política ambiental diseñada por el gobierno federal que está muy lejos de los principales acuerdos tomados hace años en París y el año pasado en Oslo, y con una serie de decisiones energéticas y de obras de infraestructura que comprometen aún mucho más la preservación del ambiente.
La reforma energética está en el corazón de todo este debate. La cancelación de permisos, el freno a las inversiones, la discriminación manifiesta por las energías limpias son ya una realidad, con o sin reforma, si ésta se aprueba, estaremos en una situación muy delicada que tendrá repercusiones en la relación con Estados Unidos.
Pueden llevar a Kerry a ver el programa Sembrando Vida y puede que la Casa Blanca decida darle algún apoyo formal al mismo para que se aplique en Centroamérica, pero lo importante aquí es la utilización de combustibles fósiles, algunos tan contaminantes como el combustóleo, la cancelación de permisos para parques eólicos y unas normas que, de aprobarse, no requerirán, como dijo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, no expropiar ni un tornillo.
Es más sencillo y en realidad es peor: una expropiación implica el pago correspondiente del valor incautado por parte del Estado. Con la reforma, lo que se busca es la cancelación de proyectos, vía la revocación de permisos, en los que se han invertido miles de millones de dólares (44 mil millones de dólares sólo de inversiones estadunidenses, según la secretaria de Energía de ese país) de las empresas que no le vendan su energía a la CFE en las condiciones y el precio que ésta decida, si no es así, simplemente no podrán seguir operando.
Un ejemplo es la decisión de revocar el permiso a la empresa Energía Eólica del Sur, la más grande en generación de energía eólica de América Latina, una empresa en la que los inversionistas privados invirtieron casi 14 mil millones de pesos, inaugurada apenas en 2019 y que ahora su permiso se quiere revocar con la excusa de que produce para el sector privado y es una suerte de competencia desleal para la CFE, por la sencilla razón de que genera energía más barata que la empresa paraestatal. Ese parque eólico se construyó y se invirtieron esos recursos privados precisamente para eso: para que genere energía más barata para las empresas que invirtieron en él y para quienes decidan comprarla. Es una decisión de mercado tomada con base en las normas constitucionales que rigen el país, le guste o no a los funcionarios del sector energético o a Palacio Nacional.