Martes, Noviembre 26, 2024
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¿Se perdió la vergüenza o ya no se miden las consecuencias?

 

Pascal Beltrán del Río   
 
Bitácora del director
  

Hace unos 35 años, un embajador surasiático que me distinguía con su amistad, me hizo la siguiente confesión: “Mi país es muy parecido a México, ¿sabe, usted? Yo no soy diplomático, sino político, pero metí la pata y me mandaron del otro lado del mundo”.

Había un tiempo –muy reciente, hasta eso– en que los errores en política tenían consecuencias. Se podía perder el cargo o terminar la carrera como embajador en un país lejano.

 Aún en el sexenio pasado, el procurador federal del Consumidor fue relevado cuando su hija armó un escándalo en un restaurante y amenazó con pedirle a papi que clausurara el negocio. La sanción podía derivarse de una interpretación de la prensa, como la que orilló al canciller Emilio Rabasa a renunciar, luego de que se difundió equivocadamente que había ido a Israel a disculparse por el voto mexicano en una conferencia de la ONU, ordenado por el presidente Luis Echeverría y con el que Rabasa no coincidía, a favor de una resolución que condenaba el sionismo como una forma de racismo.

Hoy, todo eso está en el recuerdo. Mientras se esté bien con el Presidente de la República, no hay acción de un funcionario público que tenga consecuencias.

Pueden ser hechos tan graves como la aplicación de un medicamento contaminado, como el que provocó la muerte de 14 pacientes en un hospital de Pemex en Tabasco o el derrumbe de un tramo elevado de la línea 12 del Metro, en el que fallecieron 26 pasajeros… no importa. En este gobierno, los altos funcionarios públicos están protegidos.

Lo estamos viendo actualmente con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Ella está acusada de haber presidido un ayuntamiento –en Texcoco, Estado de México– en el que se realizaban descuentos a trabajadores del municipio para entregarlos a la asociación civil Grupo de Acción Política (GAP), que a su vez los destinaría a la constitución de Morena como partido político, así como a la campaña para diputada federal de la propia Delfina. Los hechos fueron documentados por una investigación del INE –en respuesta a una denuncia presentada por el PAN– y acaban de ser confirmados por el Tribunal Electoral mediante una multa impuesta a Morena.

De acuerdo con la pesquisa, el dinero descontado a los trabajadores era canalizados al GAP mediante dos empleadas del ayuntamiento, una de las cuales era secretaria privada de la alcaldesa. En el enjuague están señalados varios miembros prominentes del partido del gobierno, como el hoy senador Higinio Martínez y el director de Aduanas, Horacio Duarte.

Por el tiempo que ha transcurrido, quizá ya no haya posibilidad de fincar cargos penales, pues los hechos ocurrieron entre 2013 y 2015 y el delito de peculado prescribe a los seis años. Sin embargo, la responsabilidad política sigue allí.

En 1995, Fausto Alzati, uno de los predecesores de Delfina en la SEP, perdió el cargo por ostentar un grado académico que no tenía. Ni siquiera las graves acusaciones que enfrenta la actual secretaria –haber rasurado el ingreso de 550 trabajadores del municipio para financiar a Morena– parece poner en jaque su permanencia en el gabinete ni la posibilidad de que vuelva a contender por la gubernatura del Estado de México en la elección de 2023. Algo pasó en la política mexicana con la más reciente alternancia en el poder: o se perdió la vergüenza o se han dejado de medir las consecuencias de las acciones.

 

Cuando la ciudadanía castigó a Morena en las elecciones capitalinas de junio, se interpretó que no fue el derrumbe de la línea 12, sino la “guerra sucia” lo que hizo perder votos al partido del gobierno. Internamente, la única consecuencia fue cambiar al secretario de Gobierno y modificar de verde a guinda los colores institucionales de la administración de Claudia Sheinbaum. Con Delfina Gómez sucede algo parecido. O el hecho no sonroja al Presidente o apuesta a que no afectará a su gobierno. Y que mientras le sean leales ella y los demás señalados por ineficacia, negligencia o corrupción, nadie los moverá de sus puestos.