Raúl Cremoux
El INE solicitó a la Cámara de Diputados tres mil 800 millones de pesos para realizar una innecesaria consulta y sólo les fueron autorizados mil 500 millones de pesos. Evidentemente no podrá llevar a cabo ese ejercicio, pero detengámonos aquí, ¿para que se debiera consultar a la población en eso que se ha llamado revocación de mandato?
Un derecho ciudadano inscrito en la Constitución nos facilita expresar un hecho cuando los ciudadanos no estamos de acuerdo, por no decir hartos, de la conducta de un funcionario y, en este caso, del Ejecutivo federal. A eso se refiere claramente el que, reunidas dos millones 800 mil firmas, podamos aventurar un reclamo en forma consensuada para exigir deje el cargo. Pero de ninguna manera significa, lo que mañosamente han convertido, en un acto predeterminado para medir la popularidad del Presidente y con ello asegurar pueda cumplir con los tres años de mandato que aún le faltan.
Desde hace 25 siglos, primero en Atenas, luego en todo el planeta, los hombres han reflexionado sobre esto que para nosotros pareciera un juguete. La democracia se basa en un supuesto generoso: todos los hombres son iguales. Honra nuestro proyecto de sociedad pensar que lo son. Esto es que el hombre inteligente vale exactamente lo mismo que un patán ignorante. Y constituido de este modo todo el sistema, sabemos que necesita equilibrios y, en consecuencia, contra poderes. El más efectivo es la ley y, sobre todo, aquella que contempla el largo plazo llamada Constitución y que suma tanto el derecho civil como el penal.
Pues bien, ahora se trata de violentar esa carta compromiso de todos y para todos, indicando que no es necesario consultar a toda la población empadronada, sino “a los que se pueda” con lo que alcance con esos mil quinientos millones de pesos. Retrasar esa consulta tendría riesgos y cargos para los integrantes del INE hasta llegar a la cárcel.
De antemano, todos sabemos cuáles serán los resultados: el señor López Obrador fortalecerá su popularidad y “el pueblo bueno y sabio” le brindará la oportunidad de terminar su mandato tal y como indica la Constitución. ¿Es necesario realizar ese ejercicio costoso en energía, tiempo y recursos con tantas necesidades no cubiertas como tenemos?
Pensemos que el Seguro Social sólo tiene cubierto el 9% de su plantilla de medicinas, que contamos con más de 4 millones de nuevos mexicanos desempleados, que siguen muriendo centenares de enfermos por covid todos los días al igual que los masacrados por una violencia que ahora ya es endémica; que el número de escuelas sin agua para beber ni para los servicios sanitarios es de más del 35% y que los que nada tienen siguen huyendo hacia Norteamérica para saciar su hambre y anhelos básicos. ¿Para qué tirar a la basura miles de millones de pesos en una encuesta demagógica, inútil y cuyos resultados sabemos de antemano?
Se despide el lúcido gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, con una llamada de atención: atraer inversiones foráneas y nacionales es el gran reto para el porvenir inmediato. “el crecimiento no puede materializarse más que como resultado de un proceso de inversión”. Al mismo tiempo, consideró que debemos aprovechar la condición geográfica para detonar capitales y sugiere estar atentos a una desaceleración en los Estados Unidos. Remata diciendo que podríamos ocupar el lugar exportador de China debido a sus problemas con los yanquis.
Es bien probable que tales recomendaciones obvias no sean escuchadas y menos incorporadas.
