Miguel González Cánudas
En el 2008 nuestro país tomó la importante decisión de transformar su sistema de justicia penal. La reforma constitucional que se aprobó por el Congreso de la Unión preveía una vacancia de ocho años para implementar todas las acciones necesarias que garantizaran su éxito.
Han pasado ya cinco años de su entrada en vigor y la ciudadanía sigue cuestionando la labor de los operadores del nuevo sistema penal. Su trabajo no ha logrado permear entre los mexicanos. Según el Índice de Estado de Derecho 2021, nuestro país ocupa el lugar 124 de 139 naciones evaluadas.
Seríamos injustos en afirmar que los esfuerzos institucionales en los diversos campos de la implementación del sistema penal han sido nulos o de resultados mínimos como algunos críticos sostienen. En realidad, nuestro país sí ha cambiado, pero dichas transformaciones no han sido lo contundentes que se necesita como para modificar la percepción de la ciudadanía frente a la injusticia lacerante que padecemos. Se ha avanzado, pero falta mucho.
Frecuentemente nos referimos a los operadores del sistema penal más visibles ante la población, como son los policías, los ministerios públicos, los jueces y magistrados, pero olvidamos a los peritos, que representan una pieza fundamental para garantizar una justicia de calidad.
Es vergonzoso escuchar con frecuencia que requerimos del auxilio científico y técnico internacional, en algunos campos básicos de los servicios periciales a cargo de la federación o de los estados. En la mayoría estos casos, no es porque exista incapacidad en el conocimiento especializado o la carencia de equipos e instrumentos, que, desde luego, siempre se necesitan, sino fundamentalmente por la desconfianza y la falta de credibilidad en nuestras instituciones, marcada por la opacidad y la corrupción que las ha permeado; ejemplo de ello son muchos, el más reciente el accidente del metro de la Ciudad de México, que implicó el apoyo de expertos europeos en materia de ingeniería estructural.
Los servicios periciales requieren reencontrarse con la ciudadanía. Es necesario que los mexicanos confiemos en nuestras instituciones y sus hombres. Para lograrlo, se deben desterrar las indebidas prácticas de manipulación de resultados y su venta al mejor postor. La profesionalización, el equipamiento y la ética institucional son los retos. La población puede y debe acompañar en esta ruta al gobierno, mediante el ejercicio cívico y apegado a la legalidad en su contacto cotidiano con los peritos. La academia ya hace su aportación a través de sus facultades, institutos y laboratorios forenses como son los de la UNAM.
La certificación que han iniciado la mayoría de las fiscalías en materia de balística, dactiloscopía, documentos cuestionados, química, genética y medicina forense, entre otras, se traduce en una mayor profesionalización de su personal, en un mejor equipamiento y principalmente en la uniformidad en sus protocolos conforme a los estándares internacionales, mismos que tendrían validez y aceptación universal. El acompañamiento y asesoría especializada de EU ha sido clave.
Desde luego que esto representa una buena noticia para iniciar el 2022, pero requiere de continuidad para que se materialice en logros tangibles y medibles en materia de justicia. La confianza ciudadana se alcanza cuando los resultados institucionales ya permearon en una justicia generalizada apegada al mandato constitucional.
