Jorge Camargo
Vaya enredo nacional e internacional que ha creado el C. Presidente con su decreto para considerar como “seguridad nacional” la obra pública federal que lo catapultaría a encabezar el gobierno más opaco de toda la historia desde que se elevó a rango constitucional la transparencia para frenar la corrupción.
Vaya militarismo que ha materializado, y que ha preocupado a las élites castrenses en México y en Estados Unidos, en cuyos pasillos de su Congreso se refrenda que sólo la Marina les resulta confiable.
Incluso, un portavoz de este lado ha dejado saber allá que las recientes palabras del titular de la Sedena no corresponden al sentir de su alto mando.
Veamos. El decreto del C. Presidente recurre al concepto de “seguridad nacional” para crear una clase de afirmativa ficta y reserva de información que permita la aprobación de los trámites de la obra pública en un plazo de cinco días. Pero que hace nugatorio el derecho de defensa.
Además de violar la Constitución mexicana, viola tratados y jurisprudencia nacional e interamericana, y la misma Convención de la ONU contra la corrupción.
Al pasar por alto este amplio marco, lo que hace es violar los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, morenistas o no. Enumeremos. Incumple, entre otras, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la ya citada Convención de la ONU.
La Carta Democrática Interamericana establece la importancia de la transparencia de las actividades gubernamentales, la participación y la libertad de expresión como componentes fundamentales de la democracia, porque son elementos de vital importancia para la consolidación y funcionamiento del Estado democrático de derecho.
Este decreto oculta a los ciudadanos lo que hace el gobierno con el dinero y los probables impactos ambientales en las comunidades, por ejemplo. Y al atacar al Inai, por llevarlo a juicio ante la Corte, viola otros derechos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que los derechos a “buscar” y a “recibir” informaciones se garantizan en el artículo 13 de la Convención Americana, que protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones regulado en dicho instrumento.
La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también imponen a los Estados obligaciones jurídicas a efectos de garantizar, de manera plena y efectiva, el derecho a buscar y a recibir información.
La Cofece, así como colegios y barras de abogados, y empresarios nacionales y extranjeros, partidos políticos y organizaciones civiles han advertido de tales riesgos y se sumarán a las demandas contra este instrumento administrativo.
Por cuestión de espacio, algunas anotaciones. El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados destaca que el Presidente viola el artículo 89 y ordena a sus subalternos inobservar las leyes que protestaron guardar.
Crea “excepciones regulatorias inequitativas” interpretando indebidamente el artículo 26 constitucional; viola la Ley de Seguridad Nacional y los derechos a la información y otros derechos humanos, catalogando las obras de infraestructura en el orden de las de seguridad nacional.
Este instrumento no blinda a los funcionarios de violar la ley en lo individual y ser sometidos a juicio de responsabilidad e inhabilitaciones.
La Cofece advierte que un proyecto que sea declarado de interés público y seguridad nacional no implica que las contrataciones relacionadas encuadren como una excepción a la licitación de acuerdo a las leyes respectivas.
EN OTRAS COSAS. Asesinan a 11 mujeres diariamente en México; dos mil 840 asesinadas de enero a septiembre y los narcotraficantes despueblan regiones, imagínese si no hubiera ganado como dice.
