Integración regional, China y seguridad

En el plano formal, el encuentro del presidente López Obrador con su homólogo Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau, mandatarios de Estados Unidos y Canadá, respectivamente, ha sido, no sé si un éxito pleno, pero sí una jornada muy prometedora (y comprometedora) para la administración federal y la región.

El discurso del presidente López Obrador estuvo bien planteado y estructurado, no hubo improvisaciones y seguramente algunas cosas se podrían haber dicho en forma diferente, pero es difícil estar en desacuerdo, sobre todo en la necesidad de una real y profunda integración regional para hacer frente al desafío que plantea China. No es un tema menor, si es así, ello constituiría el eje de la política internacional en relación con Estados Unidos, Canadá y el mundo, e involucra muchos otros capítulos decisivos en el tema regional. También estuvo muy bien planteado lo referente a la migración y al apoyo a Biden para la legalización de once millones de migrantes.

Sin embargo, los resultados reales de estos discursos y encuentros no se ven en las declaraciones diplomáticas y formales, sino en la política cotidiana. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, México está dispuesto a apostar en la integración regional?, ¿cómo la concibe?, ¿apostaremos por América del Norte y pondremos distancia comercial y económica con China, incluyendo en obras de infraestructura?, ¿estamos dispuestos, como se dice que se presentó en la reunión de las comitivas, a avanzar hacia un mercado energético regional, algo que es una aspiración presente tanto en el viejo TLC como en el nuevo T-MEC? No lo sabemos, cuando se deja el ámbito diplomático y se va a la política interna no siempre parece existir esa claridad, porque incluso se toman acciones contrarias a ello, como lo demuestra la propia Ley de Reforma Energética.

Apostar plenamente por la integración regional sería la mayor contribución económica y política que podría hacer el presidente López Obrador en su periodo. Pero ello, debe ser considerado desde una perspectiva moderna y global: no se trata sólo de sustituir importaciones, como se dijo, sino de integrar las economías y los países, incluyendo, por supuesto, los acuerdos necesarios para el tránsito controlado de la migración y la mano de obra. Ya veremos si el discurso de Washington se refleja en acciones y en apreciaciones cotidianas. Ojalá, sinceramente, sea así.

Pero esa integración implicaría también muchas otras cosas. Según la agenda, por ejemplo, no se abordó el tema de la violencia en México. Sin embargo, apenas unas horas antes de encontrarse con el presidente López Obrador, se dio a conocer que el presidente Biden había firmado una ley que autoriza al Departamento de Justicia a perseguir donde sea, incluso fuera de sus fronteras, a quienes ataquen agentes estadunidenses. La legislación fue impulsada en honor a los agentes de la oficina de Inmigración y Aduanas atacados en México, Jaime Zapata y Víctor Ávila, el 15 de febrero de 2011, por miembros de Los Zetas en San Luis Potosí, cuando viajaban en una camioneta blindada con placas diplomáticas. Zapata murió y Ávila sobrevivió, pero gravemente herido. Según Biden, la ley “va a proteger a los agentes que sirven en el exterior y envía un mensaje a los cárteles de la droga, terroristas y criminales, dondequiera que operen, que si atacan a nuestros agentes no escaparán a nuestra justicia”.

La medida va en consonancia de las presiones que se ejercen, ya desde la época del presidente Trump, para un mayor involucramiento de la Unión Americana en los temas de seguridad y narcotráfico en México, y cuando, con la Ley de Seguridad Nacional aprobada hace exactamente un año, se ha frenado la operación de agentes de Estados Unidos en México y establecido un control que se supone mucho más estricto de los que ya operaban. Una de las primeras peticiones del embajador Ken Salazar al asumir su cargo fue que se permitiera el ingreso de nuevos agentes y se restableciera su inmunidad, suspendida por dicha ley.

El tema, obviamente, no debe haber estado en la plática entre los presidentes, pero, sin duda, está en la agenda que tienen que haber tratado ambas delegaciones. Porque, además, la violencia está desbordada en buena parte del país, el narcotráfico sigue controlando amplios territorios y eso se refleja en cifras terribles en nuestro país (cien mil muertos y 24 mil desaparecidos, sólo en esta administración), pero también en Estados Unidos, con cien mil muertos por sobredosis de opiáceos, muchos de ellos por fentanilo introducido desde México.

Pareciera, es sólo una impresión, que la propia realidad, más allá de los discursos, está comenzando a obligar a la administración federal a endurecer sus políticas de seguridad. Hay situaciones que terminan siendo insostenibles para éste o para cualquier gobierno, desde los ataques en zonas turísticas, las concentraciones masivas de hombres armados, los ataques a fuerzas militares o los secuestros de sus integrantes, que van de la mano con el asesinato cotidiano de policías, sobre todo —pero no sólo— estatales y municipales. Escenas como los colgados en un puente de Zacatecas son irreproducibles para cualquier otro país. Sin romper con ese empoderamiento criminal, la integración regional, incluso con la mejor voluntad de los tres gobiernos, siempre estará incompleta. Ojalá que los buenos deseos de Washington también se reflejen en ello.