El presupuesto de un solo hombre

El Presidente propuso y dispuso; ni una coma le movieron. La facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto quedó reducida a la de un trámite burocrático. La mayoría oficialista cumplió la instrucción de aprobarlo sin aceptar modificación alguna de la oposición que reclamaba el cumplimiento de la obligación constitucional de revisar el gasto de la Federación y negociar para construir acuerdos, tal y como sucede en cualquier parlamento democrático.

Las únicas prioridades que prevalecieron son las del Ejecutivo, como si los recursos del Estado mexicano fueran patrimonio de quien habita en Palacio Nacional y la pluralidad del país no debiera ser considerada en la determinación sobre cómo utilizarlos. Ignorar a la oposición representada en el Congreso en algo tan importante exhibe la restauración del presidencialismo autoritario y acredita que el mandatario gobierna solo para los suyos.

Alguien podría argüir que tomar en cuenta y acordar con las minorías políticas es deseable, pero no una obligación y la mayoría tiene el derecho y la facultad de tomar decisiones, así sea sobre temas fundamentales, en solitario. Pero cabe aclarar que la conformación de la actual legislatura está distorsionada por la sobrerrepresentación.

Los cuatro partidos de oposición, cuyas bancadas fueron ignoradas en la discusión, obtuvieron en conjunto más votos que los obtenidos por el bloque oficialista. Es decir, los representantes de 20 millones de personas no permitieron a los que representan 22 millones hacer un solo cambio al Presupuesto porque así se los ordenó el titular de un poder distinto.

Además, la legalidad no siempre camina de la mano con la legitimidad. El Estado debiera ser la casa común que vela por todos nosotros y no un instrumento faccioso al servicio del grupo gobernante para acumular más poder y perpetuar su permanencia en el gobierno. La exclusión de todas las demás visiones es un aviso imposible de ignorar. Tan se busca imponer el pensamiento único en el país que en lo aprobado sólo se atienden los deseos del Presidente y, para colmo, buscan cerrarle la puerta al financiamiento privado de las organizaciones de la sociedad civil. Así se derruyen las democracias.

Alguien obsesionado con el formalismo podría sostener que la propuesta del Ejecutivo sí sufrió modificaciones, pero éstas fueron sólo para hacer patente el castigo al INE y al Poder Judicial por no someterse a la voluntad presidencial y dejar en claro que la autonomía e independencia traen costos.

Recordemos que la Suprema Corte echó abajo la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos por conculcar la presunción de inocencia, afectando a los más pobres, lo que provocó enojo del Presidente. Y aunque falló el intento de linchamiento moral contra Lorenzo Córdova en San Lázaro, no así con el drástico recorte contra el árbitro electoral que se ha atrevido a aplicar la ley cuando es violada por el partido del gobierno. Es muy grave que se use el Presupuesto como herramienta para disciplinar instituciones.

El presidente López Obrador justificó la plancha contra la oposición desinformando. Es falso que ésta haya planteado eliminar programas sociales. La verdad suele ser sacrificada en el altar de la propaganda polarizadora. El tema es otro: ¿vale la pena lesionar labores esenciales por privilegiar las obras emblemáticas del sexenio? ¿La educación, investigación, ciencia, cultura, estado de derecho, igualdad de género, vacunación, ecología, por mencionar sólo algunos rubros, son secundarios frente a una refinería, un aeropuerto y un tren de dudosa rentabilidad? ¿Deben abandonarse a su suerte a los gobiernos municipales?