Yuriria Sierra
Las promesas: diez puntos clave para hacer frente a la emergencia climática; incluían propuestas de materia de agua, bosques, adaptación y justicia social que operaría el Presidente desde Palacio Nacional. Hace tres años nos decían que la política, o la nueva política que, presumían, llegarían a ejercer, tenía los ojos puestos en el desarrollo integral y sustentable, habría perspectiva de derechos humanos, de género y principio intergeneracional, también planes enfocados a la autodeterminación de pueblos originarios y comunidades locales, de gobernanza democrática y participación ciudadana; sería un gobierno basado en evidencia, transparencia y rendición de cuentas, con eficiencia presupuestal y transversalidad ambiental. Ése fue el decálogo que Andrés Manuel López Obrador presentó un mes antes de ganar la elección de 2018, era la visión de lo que, dijo entonces, daría forma a su política ambiental.
“A pesar de que en México existen leyes y un marco institucional en materia de cambio climático, hace falta tomar acciones efectivas. Dados los niveles actuales de emisión de GEI, aún estamos lejos de cumplir con la meta de reducirlos en un 30 por ciento. El objetivo global es evitar el aumento de 2 grados centígrados en la temperatura global…”, rezaba la apartado dedicado a la emergencia que estos días tiene reunidos en Glasgow a líderes de varios países, a ver si ahora sí se escuchan y sus fotografías se convierten en operación política con miras al futuro. Sin embargo, México se quedó mucho muy atrás de todo esto que proyectó en la recta final de la campaña electoral de hace tres años.
Los resultados: avalancha de amparos de comunidades en desacuerdo con varios de sus megaproyectos, que lo mismo expropia terrenos que incumple en los pagos, por ejemplo; también está la opacidad en los estadios que avalan y sustentan la construcción de obras, como Dos Bocas, el Tren Maya o el mismo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; a cuatro meses de su inauguración, apenas dos aerolíneas de bajo costo han aceptado programar vuelos para esa terminal. Y esto es algo de lo que vemos al interior de nuestro país, en lo que especialistas y analistas han puesto las miradas e intentado llevar el debate; al exterior, el panorama no es distinto y es motivo de mayor ridículo:
“Sólo en 2020, al menos 101 mil personas fueron desplazadas por la fuerza a causa de desastres naturales, según el informe anual del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (...) México apareció en la Cumbre de Glasgow, Escocia, con sus metas de 2015 (NDC), desactualizadas, previamente calificadas como “insuficientes” para lograr el objetivo de 1.5 grados y sin datos de mitigación de pérdidas, daños o emisiones (...) Tampoco respaldaron la reciente Declaración de Transición Global del Carbón a Energía Limpia, que defendía una transición justa e inclusiva para prevenir pérdidas y daños y violaciones de derechos humanos a las que han estado vinculados...”.
Lo anterior basta para echar por tierra aquel documento, NaturAMLO, con el que el hoy Presidente del país quiso visualizar a México en la vanguardia en materia ambiental. En tres años sólo hemos obtenido el ridículo y el deshonroso segundo lugar en el Premio Fósil del Día, el “reconocimiento” que otorga Climate Action Network en el marco de la COP26. En resumen, según las mil 500 organizaciones de la sociedad civil que componen esta red climática, a nuestro país no le importa ni siquiera la reforestación (a pesar de ser hoy el centro de su limitada visión ambiental), al gobierno actual le importa sólo inyectar recursos a la explotación de los combustibles fósiles. Y pocas cosas tan evidentes: mientras en algunos países fijan fechas para detener la producción de vehículos que utilicen gasolina y diesel, aquí, cada lunes presumen el avance en la construcción de una nueva refinería. Ni transformación ni transición: sólo ser un fósil.
