Escudriñar el pasado (I)
Pascal Beltrán del RíoBitácora del director
Por estos mismos días de octubre, hace 48 años, la vida pública de Guadalajara había sido trastocada por los secuestros del empresario Fernando Aranguren Castiello y del cónsul honorario del Reino Unido, Anthony Duncan Williams.
Ambos fueron plagiados por sendos comandos de la Liga Comunista 23 de Septiembre, la mañana del miércoles 10 de octubre de 1973. Aranguren, cuando se dirigía en su vehículo a la fábrica en la zona industrial de Zapopan, y Duncan Williams, en su propia casa, mientras desayunaba con su familia.
En un comunicado que fue dejado en una escuela religiosa de la colonia Chapalita, la Liga asumió la responsabilidad de los secuestros y exigió, para liberar al industrial y al cónsul, que el gobierno del presidente Luis Echeverría liberara a 51 presos políticos, que debían ser trasladados a Corea del Norte, así como la entrega de 200 mil dólares.
La familia de Aranguren –un líder empresarial joven y visionario, que a los 31 años había llegado a la presidencia del Centro Empresarial de Jalisco– accedió de inmediato a pagar el rescate.
Sin embargo, el viernes 12 de octubre, dos días después de los secuestros, el gobierno federal fijó su postura por medio del procurador General de la República, Pedro Ojeda Paullada: “No pactamos con criminales”. Los presos no serían liberados.
En un lapso de seis meses, entre noviembre de 1972 y mayo de 1973, el gobierno había cedido a las exigencias de quienes tomaron como rehenes a los pasajeros de un avión de Mexicana de Aviación y de quienes secuestraron al cónsul estadunidense en Guadalajara, Terrance Leonhardy. Y a pesar de que el país aún no se reponía del asesinato, por parte de la propia Liga, del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, apenas un mes antes, la política del gobierno dio un giro implacable.
El 14 de octubre, la capital de Jalisco se llenó de policías traídos desde la Ciudad de México. Dos helicópteros sobrevolaban constantemente. Asustados, los captores del cónsul lo soltaron cerca de su casa, amarrado y encapuchado. Su liberación hizo crecer la esperanza de que Aranguren también sería liberado, pero eso nunca ocurrió.
En la capital, Echeverría encabezó ese domingo un mitin con Zócalo lleno para mostrar músculo político y confirmar que no habría negociación.
“Ya está claro que el Presidente no dará su brazo a torcer, así que hagan lo que tengan que hacer”, dijo Aranguren a sus captores antes de recibir el disparo que lo mató, la madrugada del martes 16, de acuerdo con lo que me relató un exmiembro de la Liga en una entrevista en 2001. El cuerpo del empresario fue abandonado en la cajuela de un vehículo, en la colonia Arcos Vallarta, donde no fue descubierto, sino hasta el 18 de octubre.
“La muerte de Aranguren conmocionó a la ciudad, que se puso de luto”, recordó el diario El Informador en 2010. “Escuelas y empresas cerraron sus puertas y cientos de hogares colgaron un moño negro en la puerta en señal de duelo”.
Importa tener este relato en la memoria en momentos en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se dispone a instalar la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, creada la semana pasada por un decreto publicado en el Diario Oficial.
El periodo que cubre el encargo de la comisión no es anodino. En 1965 ocurrió el asalto al cuartel militar de Madera, en la sierra de Chihuahua, que inspiró a los grupos guerrilleros que tuvieron su mayor actividad en los años setenta. Y en el bienio 1988-1990, se dieron decenas de asesinatos de miembros del Frente Democrático Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, antecedentes de Morena.
Si bien es cierto que lo sucedido en ese cuarto de siglo merece ser escudriñado, por la violencia ilegal con que el gobierno respondió a la guerrilla, no deben quedar fuera de la revisión y la búsqueda de justicia los hechos de sangre cometidos por los alzados contra personas inocentes a quienes veían como sus enemigos ni los ajustes de cuentas que hubo entre ellos mismos, como veremos aquí mañana.
Escudriñar la historia (II)
Pascal Beltrán del RíoBitácora del director
Un día le pregunté a El Tom de Analco qué había pasado con el compañero Pacholo”, me relató Jesús Morales Hernández, exmiembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en una entrevista en 2002.
“Me respondió riendo: ‘Él y su esposa están viendo crecer los rábanos’”.
Alberto Ramírez Flores, Pacholo, y su esposa María Constancia Caraballo, La Cony, habían estado en Colima, visitando a la familia de ella, a finales de noviembre de 1973. En los primeros días de diciembre, un policía tocó a la puerta de la casa de la madre de Constancia para decirle que el auto de su hija había aparecido en Los Mochis, con impactos de bala.
Descendiente de republicanos españoles y tataranieta del exprimer ministro Antonio Maura, Constancia desapareció sin dejar huella, lo mismo que Alberto, su esposo. Ambos se habían conocido siendo estudiantes en la Universidad de Guadalajara. Ella de filosofía y letras. Él, de ciencias químicas. Por medio del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), ambos ingresaron en la Liga Comunista 23 de Septiembre.
En una entrevista en febrero de 2002, su hermana Concepción me relató que Constancia fue llamada así por su abuela, Constancia de la Mora (1906-1950), aristócrata española que se unió a la causa de la República luego de casarse en segundas nupcias con Ignacio Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana. También fue gran amiga del poeta chileno Pablo Neruda, quien asistió a su entierro en Cuernavaca, lugar donde ella se exiliaría después del triunfo de los falangistas. Durante la Guerra Civil, Constancia envió a la Unión Soviética a su hija (la madre de Concepción y Constancia), a quien mandó traer una vez que recibió el asilo. Ella se casó con un agricultor veracruzano y al cabo de unos años la familia se mudó a Colima.
—¿Qué pasó con tu hermana? –pregunté a Concepción, después de publicar la entrevista con Morales Hernández.
—Ella y Alberto se casan en agosto de 1973 y desaparecen en noviembre o diciembre de ese año. No volvimos a saber nada, aunque habíamos escuchado las versiones de que fue ajusticiada por la Liga.
Pacholo y La Cony, como eran conocidos en la organización guerrillera, tuvieron a su cargo la custodia de Anthony Duncan Williams, el cónsul honorario del Reino Unido, plagiado por la Liga el 10 de octubre de 1973, en un doble secuestro que incluyó al empresario Fernando Aranguren.
Como relaté ayer en este espacio, el gobierno de Luis Echeverría se negó a negociar con los secuestradores –que pedían la liberación de 51 presos políticos y un rescate de 200 mil dólares– y eso llevó a la organización a decidir la ejecución de los rehenes. Aranguren fue asesinado la madrugada del 16 de octubre, mientras se desarrollaba una cacería policiaca por aire y tierra en Guadalajara. Sin embargo, Duncan Williams fue liberado antes por sus captores.
De acuerdo con la versión de Morales Hernández, el guerrillero Tomás Lizárraga Tirado –quien participó en el comando que secuestró al cónsul en su casa de la colonia tapatía Jardines del Bosque– supo de la desaparición de Alberto y Constancia o participó en ella. Apodado El Tom de Analco y de talante sanguinario, el sinaloense Lizárraga murió en un enfrentamiento con la policía en el Bosque de la Primavera, el 2 de marzo de 1977, cuando se había separado de la Liga y estaba formando su propia guerrilla. Por su expresión “están viendo crecer los rábanos”, se puede inferir que fueron asesinados.
“A El Tom le habían ordenado que los eliminara”, afirmó Morales Hernández, apodado El Momia en la Liga. “Ellos tenían la orden de matar al cónsul y no la cumplieron. Eso les costó la vida”, agregó el también exmiembro del FER.
“Ella sí estuvo involucrada en los hechos que usted relata (el secuestro de Duncan Williams)”, me dijo la hermana de Constancia. “Su desaparición golpeó muy duro a mi familia. Mi madre murió poco después. La familia de Alberto se acabó toda”.
Para ser completa, cualquier revisión que haga del pasado la Comisión para el Acceso a la Verdad, creada por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, debiera incluir –además de los actos de represión atribuidos a los órganos de seguridad del gobierno mexicano– las desapariciones y asesinatos de los que se responsabiliza a la guerrilla.