Francisco Garfias
El mundo al revés. Mientras la oposición le pone trabas a la Ley de Revocación de Mandato, que pondría en juego prematuramente la permanencia de López Obrador en el cargo, el Presidente la empuja con todo, convencido de que tiene el apoyo del 70% de la población.
Los coordinadores parlamentarios de la coalición PAN-PRI-PRD en la Cámara de Diputados presentaron ayer una acción de inconstitucionalidad contra esa ley. Piden que se devuelva al Congreso para modificar la pregunta que se hará a los ciudadanos y se elimine la palabra “refrendar”, que sienten amañada. No perciben el novedoso ejercicio como una oportunidad para echar a López Obrador de Palacio Nacional, sino como un ejercicio para posicionar a la Cuarta Transformación.
Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, justifica la judicialización de la controvertida ley por la “ampliación indebida” de la pregunta. “En lugar de preguntar simple y categóricamente si se debe o no revocar el mandato —como señala la Constitución— la desnaturaliza, ampliando la pregunta a sí debe ratificarse en el mandato”, señaló.
Su homólogo del PRD, Luis Espinosa Cházaro fue más lejos. Para él, la acción de inconstitucionalidad es un no a un gasto excesivo (4 mil millones de pesos) y un sí a la Constitución. El priista Rubén Moreira coincidió que el espíritu de la revocación de mandato, que contiene la Constitución, no es el de dar un refrendo al Ejecutivo. “Por eso la impugnación a la pregunta”, puntualizó.
La consulta es presentada por el gobierno como un ejercicio de democracia participativa. Se llevará a cabo el 27 de marzo de 2022, si logra reunir el 3% de las firmas de ciudadanos registrados en el padrón electoral. Para que sea vinculatorio su resultado, se requiere la participación del 40% de los votantes registrados .
Dice la pregunta aprobada: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?
* Al Partido del Trabajo, el aliado peor tratado de la coalición Juntos Haremos Historia, ya sólo le quedan cuatro senadores. El “brinco” de Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum al llamado grupo plural, que comanda el expanista Germán Martínez, deja legalmente a los petistas al borde de la disolución como grupo parlamentario.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, ya los auxilia para que no pierdan las prerrogativas legales y financieras de los grupos parlamentarios. Cobra fuerza la versión de que de un momento a otro se anunciará que la senadora morenista Gricelda Valencia pasará a formar parte de la bancada petista. No hay duda de la habilidad de Monreal para ganar aliados para su causa.
* Más de la Cámara alta: a los cinco senadores del llamado grupo plural —los quieren llamar “asociación”— ya les asignaron escaños. Los pusieron en la última fila.
Tendrán voz, pero no voto en la Junta de Coordinación y la Mesa Directiva. No serán reconocidos como Grupo Parlamentario, confirmó el propio Monreal.
Ya fueron notificados que serán recibidos por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El encuentro se dará en el marco del diálogo permanente, constructivo, cortés y propositivo que ofreció el funcionario durante su comparecencia en el Senado.
De acuerdo con la carta que los “cinco magníficos” le enviaron para pedirle la cita, le quieren plantear dos temas fundamentales: la violencia que no cesa en el país y la reforma eléctrica del Ejecutivo.
* Uno de los obstáculos más complicados para la sobrevivencia de la alianza Va por México será la elección de candidatos en las elecciones por venir.
El PRD, vía Jesús Ortega, propone elecciones primarias a sus aliados del PRI y el PRD: cada partido saca su mejor aspirante y luego compiten entre ellos. “Pueden ser militantes o pueden ser ciudadanos”. puntualizó. Ortega, por cierto, ve muy sólida la alianza Va por México, pero reconoce que, si el PRI da los votos para aprobar la reforma eléctrica en el Congreso, “dañaría casi irremediablemente”, en el corto plazo, la alianza. Ojalá se imponga la sensatez”, manifestó.
Chucho precisó que el PRD no quiere una reforma neoliberal en la industria eléctrica, pero tampoco que regrese el monopolio estatal. “Queremos una reforma que no quite la rectoría al Estado, pero que permita la inversión privada nacional y extranjera, que garantice la electricidad a bajos precios”, puntualizó.
