Francisco Garfias
Dos días después de que el canciller Marcelo Ebrard afirmara, ante senadores, que el nivel de respeto que tiene México en el mundo es de los más altos de la historia, se produjo la burla que todo el mundo comenta.
José María Aznar, expresidente del Gobierno de España, hizo escarnio de las disculpas exigidas a su país por el mandatario mexicano por los excesos cometidos con los pueblos originarios durante la Conquista.
“¿Él cómo se llama?”, preguntó mordaz el conservador político español. Él mismo respondió: “Andrés por parte de los aztecas. Manuel por parte de los mayas. López, qué es eso, vamos. Y Obrador de Santander”…
“Es que si no hubiesen pasado algunas cosas, usted no estaría allí, ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado, no podría haberse producido la evangelización de América”, dijo Aznar en la Convención Nacional del Partido Popular, celebrada en Sevilla. Y se llevó el gran aplauso.
Aznar no se la perdonó ni al papa Francisco. “No voy a engrosar las filas de los que piden perdón”, dijo.
*Las palabras de Aznar tocaron las fibras más sensibles del círculo íntimo del tabasqueño. Las reacciones se multiplicaron no por la negativa a sumarse a los que piden perdón, sino porque el expresidente español se metió con el mero jefe.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, publicó en Twitter un video en el que AMLO pide perdón por los agravios a los pueblos originarios. “Aquí está, Sr. Aznar, la diferencia entre un gobernante humanista con visión y un racista”, posteó.
Mario Delgado, presidente de Morena, se unió al linchamiento. “Si no pidió perdón al pueblo español por la corrupción y su mal gobierno, no podemos esperar nada de él”.
El diputado Ignacio Mier, jefe de la bancada de Morena en San Lázaro, no se quedó atrás: “Aznar; de origen aragonés, del latín Asinarius, ‘el que cuida asnos’. Así que origen es destino”, escribió en Twitter
*Pedimos en la Cancillería una reacción oficial. No la hubo. Aznar no forma parte del gobierno español. Buscamos una voz neutra: Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica.
“Es un asno. Busca sacar provecho del descrédito en España del Presidente mexicano. En la derecha española estar contra AMLO es redituable”, nos dijo.
*Ricardo Anaya se ha convertido en un dolor de cabeza para la Fiscalía General de la República.
Tal como lo anunció cuando dejó el país, el excandidato presidencial del PAN ha utilizado las redes sociales para defenderse –con relativo éxito– de las acusaciones de recibir seis millones de dólares para votar a favor de la reforma energética.
Poco a poco ha logrado sembrar dudas sobre la solidez de esas acusaciones.
Ayer publicó en YouTube el tercer video que grabó para defenderse de las acusaciones. Su alegato parte del hecho, consignado en la carpeta de investigación, de que Lozoya acepta que recibió los dólares de Odebrecht, pero dice que ya no los tiene.
¿Si Lozoya no repartió esos seis millones de dólares, donde quedó el dinero? Se pregunta el panista.
Él mismo responde: “La respuesta es muy sencilla. Lozoya se quedó con la lana y López Obrador ya lo dejó quedársela…Mientras Lozoya diga que le dio el dinero a los del PAN, López Obrador está feliz”.
*Va un dato de la organización Artículo 19 que habla por sí solo: En los últimos seis años se registraron 2 mil 375 agresiones y 47 asesinatos de periodistas en México. Casi ocho muertos por año en promedio.
Si a eso abonamos el hostigamiento del presidente López Obrador a periodistas críticos –no los que sin rubor le queman incienso todas las mañanas– podemos sacar conclusiones sobre las condiciones adversas a la tan cacareada libertad de expresión.
Va un recordatorio de la “tolerancia” en Palacio hacia los críticos: “Le muerden la mano a quien les quitó el bozal”, son “tendenciosos”, “injustos”, “amarillistas”. A los diarios en los que escriben los califica de “pasquines inmundos”.
Artículo 19, por cierto, realizará, en alianza con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, el foro en línea Libertad de expresión en la era digital.
La intención es dar a conocer el panorama actual y la urgencia de que el Estado reconozca que los derechos humanos de las personas tienen el mismo nivel de protección en el ámbito digital como en el físico.
