CIUDAD DE MÉXICO.- La inseguridad pública está en una prolongada crisis lejos de ser resuelta, por lo que es urgente poner en marcha verdaderas estrategias para combatirla, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

De acuerdo con el órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial en temas económicos, dirigido por Carlos Hurtado, a pesar del discurso de optimismo y éxito de las autoridades en materia del combate a la inseguridad, los datos no sustentan esta posición.

En su Análisis Económico Ejecutivo recordó que las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que tan sólo en agosto del presente año se reportaron 104 feminicidios, que fue la cifra mensual históricamente más alta y 60.0% mayor a la del mismo mes del 2018, último año del sexenio pasado.

Destacó que en los tres primeros años de esta administración los homicidios dolosos sumaron 88 mil, que se compara muy desfavorablemente con 34 mil y 44 mil de las primeras mitades de los dos gobiernos previos, respectivamente.

“De acuerdo con muchos analistas esta comparación por si sola habla de la deficiente gestión del gobierno en materia de seguridad pública”.

Sin embargo, aclaró que las comparaciones entre los primeros ocho meses de 2021 con los mismos de 2018 tienen un sesgo, debido a que en este año la dinámica de los hogares y de los negocios continúa siendo afectada por eventos atípicos. “Hay menos personas, actividad y movilidad en las calles. En esas circunstancias es lógico esperar que haya menos secuestros, menos robos de vehículos, a transeúntes y en transporte público -simplemente hay menos de ellos en las calles y espacios públicos-, así como menos robos a casas habitación —la gente está más tiempo en casa—”.

Resaltó que esto ha facilitado el discurso oficial de éxito en esta materia. Pero, contrario a esa narrativa, también puede decirse que los delitos que aumentaron lo hicieron a pesar de la menor actividad y movilidad.

“Si se consideran los delitos que no tuvieron restricciones por movilidad, se aprecia que los esfuerzos por contener la delincuencia no fueron tan efectivos como se presume. En este caso, se observa que del periodo enero-agosto del 2018 a similar lapso del presente año, el delito de fraude aumentó 40.3%, el de extorsión, 30.5% y despojo, 27.6 por ciento”.

Indicó que la percepción sobre el desempeño de las autoridades también sigue mostrando elevados porcentajes de desaprobación.

“La desconfianza de la población en las policías y ministerios públicos y fiscalías locales son puntos sobre los que el gobierno federal debería actuar asumiendo su responsabilidad de coordinación nacional a fin de progresar realmente en la seguridad pública del país”.

Por: Karla Ponce.