Desde la cúpula del poder y su séquito, constantemente insisten en llevar a cabo algo que han llamado verificar que el Presidente se quede o se vaya, como una demostración de un singular acto democrático.

Para empezar, es menester recordar que, por disposición constitucional, la ley reglamentaria de la revocación debió hacerse a más tardar en mayo de 2020. Para tal efecto, el INE debió convocar al menos a 2 millones 800 mil ciudadanos que pidieran de manera expresa la destitución del Presidente de la República y los peticionarios se verían obligados a indicar por qué tipo de acciones se amerita tal demanda o petición.

• En palabras más claras y con mayúsculas: La revocación es un recurso de la ciudadanía para deshacerse de malos gobiernos. No es como se ha gestado: confirmar la presencia del Presidente. El espíritu de ese recurso es justo para lo contrario: una población harta de una pésima gestión, gestiona que, al menos, el tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores exija la destitución del gobernante.

Citaré al experimentado miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, exprocurador de Justicia de la Ciudad de México y también exprocurador general de la República, el doctor Diego Valadés, quien apunta: “La petición colectiva no puede consistir en una pregunta, sino en una afirmación, queremos que el Presidente deje el cargo”. Continúa la cita, “Además, se tiene que aportar al menos una razón, porque en derecho toda petición debe estar motivada. Es a partir de esta solicitud colectiva que el INE hará la afirmación que prevea la ley; la Constitución también dispone que el mismo INE emita los formatos para recopilar las casi 3 millones de firmas requeridas. Lo natural será que sólo firmarán aquellos que consideren que el Presidente ha obrado de manera reprobable”.

Luego, entonces, ¿cómo es que los miembros del gobierno apuntalan la idea del revocamiento de su jefe? La respuesta se deriva del supuesto que se hará una especie de encuesta en la que se preguntaría si se está de acuerdo o no con que se quede el Presidente en su cargo —con evidente filo para el futuro—, y como bien imaginamos, sabemos cuál sería la respuesta a esa pregunta. Estamos, en consecuencia, ante una estratagema que revierta un instrumento legítimo de la población para acelerar la gestión de un mal gobernante, en una encuesta de atole.

No obstante que legisladores de todos los partidos saben que se trata de un recurso de la población y no del Ejecutivo, permiten, y muchos toleran y auspician, que esto se vea como una prerrogativa de quien, pudiendo ser juzgado por la ciudadanía,  tiene una salida de generosidad y magnanimidad.

• EL CIUDADANO ANAYA

En la pasada campaña presidencial, Ricardo Anaya fue acusado por la PGR de haber adquirido una propiedad en Querétaro por diez millones de pesos y venderla en 53 a la empresa Manhattan Master. Defenderse de esa acusación lo desprestigió y sacó tres semanas de la batalla electoral Al final no pudieron demostrarle ningún delito. Se supo que Enrique Peña estaba muy molesto con él y le lanzó los mastines.

Han pasado los años y ahora el mismo Anaya se confronta con López Obrador, a quien acusa de encubrir a dos de sus hermanos exhibidos en dos videos recibiendo dinero bajo la mesa. La actual FGR va tras él sin tener más que el dicho de un par de supuestos testigos mencionados por un pillo confeso de nombre Lozoya.