#JusticiaParaJoséEduardo

La Fiscalía estatal de Yucatán tiene datos sólidos respecto al asesinato del joven José Eduardo Ravelo. Lo ha sostenido desde hace varios días, más aún desde que los cuatro policías señalados como presuntos responsables salieron libres porque el juez resolvió que no había pruebas suficientes, a pesar de que una necropsia confirmaba los golpes y el abuso sexual que sufrió el joven originario de Veracruz.

Ahí están los videos y la evidencia que respaldan lo declarado por José Eduardo sobre lo que vivió al interior de instalaciones de la Policía Municipal de Mérida. Sin embargo, el juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda determinó no vincular a proceso a los cuatro elementos, acusados de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada. Y por las pruebas existentes fue que las autoridades estatales impugnaron la resolución.  

Por fortuna, el foco sobre este caso no se apagó y llegó no sólo a Palacio Nacional el lunes por la mañana, también tiene destino próximo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la Fiscalía General de la República, donde abrieron una investigación por tortura. 

José Eduardo tenía 23 años, fue detenido en calles de Mérida el 21 de julio, cuando habría arrojado un objeto al interior de un local. Fue sometido por varios elementos y llevado a separos municipales. En esos momentos, fue golpeado y abusado sexualmente. Así se lo contó a su madre al día siguiente, cuando fue liberado.

Denunciaron ante la fiscalía estatal tres días después, ahí fue valorado y el médico legista precisó que debía ser internado debido a sus lesiones. José Eduardo murió el 3 de agosto, la causa: síndrome de disfunción orgánica múltiple y politraumatismo.

En los videos, difundidos tras la liberación de los policías presuntos responsables, se observa en el “operativo” de detención al menos a siete elementos. También se ve cuando es ingresado al separo y vemos, además, cómo aparece sin pantalones de un momento a otro.

Aun con la existencia de estos elementos, llegó la audacia: el alcalde de Mérida, Renán Barrera, quiso desestimar la agresión, sugirió que José Eduardo no estaba en sus cinco sentidos cuando fue detenido. Pero después buscó a la familia, intentó un acuerdo monetario para que desistiera de su denuncia. No responsabilizar a las autoridades municipales a cambio de 2 millones 500 mil pesos, reveló la madre del joven.

Ayer llegaron más lejos: “La víctima acudió ante la propia Fiscalía a comparecer el hecho, pero señaló una corporación policiaca distinta a la Policía Municipal; señaló uniformes distintos y unidades con distintivos diferentes”, declaró el abogado de los policías señalados.

Agregó que respecto a la ropa de José Eduardo, le fue quitada porque el mismo joven se autoinflige lesiones. Acusan, pues, a quien hoy ya no puede defenderse. Muy bien por la Fiscalía estatal y la misma FGR, que buscan la forma de que esto no quede impune.