Municipios, en la agenda de seguridad nacional

El municipio constituye uno de los pilares de la estructura orgánica del Estado mexicano. En su desenvolvimiento cotidiano representa el principal contacto que tiene la ciudadanía con sus instituciones. Por ello, es tan preocupante que observemos graves síntomas de violencia. Un centenar de funcionarios y candidatos municipales asesinados en los últimos años así lo atestiguan. Más grave aún, las amenazas contra los ciudadanos y medios de comunicación que se han atrevido a denunciar.

La SCJN ha reconocido, mediante jurisprudencia, tres niveles o grados de la seguridad; pública, interna y nacional. Distinción que responde a la gradualidad de la afectación y el bien jurídico que se tutela. En la ley específica, la seguridad nacional se define como “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”, precisando dentro de éstas la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, político y social del país y sus habitantes.

Los homicidios dolosos y las amenazas a los ciudadanos comprometidos con la nación son la expresión más evidente de la descomposición institucional, misma que responde a la corrupción generalizada y a la cooptación que existe sobre las estructuras municipales, particularmente en las áreas de seguridad, obras públicas y gobierno, afectando la dinámica en la prestación de los servicios públicos.

La impunidad es la divisa de cambio, constituye el instrumento que garantiza la permanencia y movilidad del crimen organizado. El grado de afectación a las instituciones municipales ha llegado a un nivel tal, que debe ser considerado como un tema de seguridad nacional. El desarrollo en aquellos municipios gobernados por la delincuencia organizada está trastocado, la gobernabilidad y el Estado de derecho están en crisis.

Se requiere reconocer la gravedad del problema, de no hacerlo seguiremos en una espiral que cada día pondrá en mayor riesgo al resto de las instancias gubernamentales. No es suficiente con la persecución y sanción de los responsables materiales de los homicidios dolosos, ni se resolverá con los procedimientos tradicionales de combate a la delincuencia, es mucho más compleja su solución, debe permear por la construcción de una política criminal transversal, intergubernamental, preventiva y no reactiva, debidamente planificada, con recursos suficientes, con objetivos e indicadores de medición, actualizada en su normatividad y procedimientos, con parámetros internacionales, con perspectiva de género y  respeto de los derechos humanos.

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El Consejo de Seguridad Nacional, así como la Comisión Bicameral del Poder Legislativo, entre otros, deben redoblar esfuerzos. Son estas instancias las que podrán determinar, confirmar o modificar el grado de afectación a la seguridad nacional, las acciones institucionales de naturaleza estratégica y operativa que se requieran, así como los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación.

No dejemos a la improvisación, a la descalificación, al descarte de responsabilidades o a la presión extranjera, las decisiones que nos corresponden. Tenemos la capacidad para revertir esta situación. Se requiere voluntad política, verdadero compromiso institucional y ciudadano. En ello, todos somos corresponsables, revisemos la agenda de seguridad nacional y actuemos en consecuencia.