Algunas semanas después volvieron. “¿Ya arreglaron su estancia?”, les preguntó. “Sí, ya somos mexicanos”, le respondieron. Para probarlo, le mostraron sus respectivas credenciales para votar, emitidas por el INE. Al escuchar la historia, me puse a investigar y me enteré de cosas que están sucediendo en el Instituto Nacional de Migración. La primera, que se están multiplicando las denuncias de corrupción relacionadas con la regularización de migrantes indocumentados. La segunda, que el Inami se ha ido llenando de funcionarios de origen militar, retirados del Ejército y la Armada. Éstos ya están al frente de 18 de las 32 delegaciones en las entidades federativas.

El 14 de diciembre de 2020, El Diario de Juárez publicó una nota, firmada por el reportero Miguel Vargas, en la que se dio cuenta de las denuncias de corrupción en contra de funcionarios del Inami.

“Por la oficina en la entidad han pasado cuatro delegados en dos años de administración federal. El actual, (el general) Pedro Alberto Alcalá López, es investigado por segunda vez por el Órgano de Control Interno federal (…) Según las fuentes consultadas, que solicitaron el anonimato por estar activos en el Inami, se estarían negociando en tres mil dólares las visas de residencia permanente para extranjeros”. Casi seis meses después de esa publicación, el general sigue en su puesto.

Denuncias similares existen contra el delegado en Puebla, el también general retirado José Luis Chávez Aldana. De acuerdo con una nota del reportero Héctor Llorame, publicada el 10 de mayo pasado en el periódico digital E-Consulta, la delegación del Inami en el estado “fue acusada de facilitar el lucro con migrantes que son detenidos en su camino a la frontera norte del país”. Explicó que “personal de la delegación señaló que cada migrante paga por su liberación hasta mil dólares (20 mil pesos) a la abogada Claudia Ibeth Espinosa Oropeza y a su asociación civil No soy delincuente, soy migrante, ya que ella tiene el monopolio de la defensoría”.

“Esto en aparente complicidad con Chávez Aldana y la Estación Migratoria. Bajo el anonimato, personal del INM afirmó que Espinosa Oropeza libera hasta 10 migrantes por semana, de un promedio de 100 que se encuentran detenidos”.

Otro delegado que ha sido cuestionado es el general Pedro León Álvarez Alcacio, titular de la Oficina de Representación del Inami en Aguascalientes. De acuerdo con un reportaje publicado en la revista Proceso en abril de 2016, Álvarez Alcacio, entonces subdirector de ingenieros militares de la Sedena, habría presionado a Rigoberto López Camacho, responsable de la construcción de un edificio del Consejo de la Judicatura Federal en Oaxaca, solicitándole presuntamente “un porcentaje del presupuesto”. López Camacho se suicidó en el estacionamiento de un edificio de departamentos en Nuevo Polanco.

De las 18 delegaciones del Inami a cargo de militares, 12 las ocupan generales del Ejército y las otras seis, almirantes de la Armada, todos en situación de retiro. Las 14 restantes están a cargo de civiles, pero casi ninguno de ellos con experiencia previa en el Inami. De hecho, algunos sólo tienen experiencia política partidista, como la exdiputada federal perredista Osbelia Arellano (en Querétaro), suplente de Rosario Robles en la 56 Legislatura; Ignacio Fraire Zúñiga (en Zacatecas), quien renunció al PRD para apoyar la candidatura de David Monreal en 2016, y Manuel Salvador Cordero (en Baja California Sur), quien en la actual Legislatura tuvo un contrato de prestación de servicios por 112 mil pesos mensuales con el Senado, donde trabajó con el senador sudcaliforniano Víctor Castro Cosío, actual candidato de Morena a la gubernatura del estado