El Presidente está decidido a desmontar todos los contrapesos de nuestra democracia. No sólo eso, la inventiva autoritaria de la 4T es notable. Las “consultas” a modo les han permitido de todo, desde enterrar un aeropuerto hasta perseguir expresidentes. Que el pueblo decida es la falacia argumentativa que ha llevado a poner entre dicho a la propia Constitución. Fue Evelyn. ¿Encuesta o linaje?

En esta andanada los órganos autónomos y los organismos de la sociedad civil están en la mira. ¿Por qué permitir que una institución independiente mida los rendimientos en educación?, por eso acabaron con el INEE, por eso sacan a México de PISA, por eso el congreso de Oaxaca decidió desaparecer el instituto local de acceso a la información, por eso los ataques al IFAI, órgano autónomo que acaba de impugnar la obligación de entregar datos biométricos a los bancos. Esos órganos son muy caros, dicen, aunque representen sólo 2.1% del PEF. Remover a las 3,300 familias afectadas por el Tren Maya costará 3,600 mdp. El presupuesto del Inai es de 905 millones. Desaparecerlos por decreto, gobernar por decreto es la intención. Nada de decisiones consensadas, la mayoría artificial en la Cámara de Diputados les permitió sus arbitrariedades. Por eso la furia contra el INE y sus consejeros que recuperaron los límites constitucionales de la sobrerrepresentación. De allí el carácter histórico de las decisiones del TEPJF sobre el mismo criterio y el acatamiento de la reglamentación electoral por parte de todos los candidatos.

El presidente se inclina por que dicho Tribunal se incorpore al Poder Judicial (recontra sic, como diría Carlos Monsiváis, ¡si ya pertenece al Judicial!) Y esas decisiones del TEPJF arrojaron luz en la penumbra. La disyuntiva no es muy compleja: cumplir la ley. Nada hay aquí de derecha o izquierda. Conservar las libertades, conservar el complejo y delicado aparato electoral que llevó décadas construir, (sugiero el espléndido libro de Lorenzo Córdova y Ernesto Núñez que recuerda cómo La democracia no se construyó en un día, Grijalbo), conservar los múltiples contrapesos de una democracia moderna y liberal en un mundo global es ser progresista. Acabar con el INE y salirnos de PISA es regresar al carácter patrimonialista de la información, ser juez y parte, sólo mirarnos al ombligo o compararnos con naciones más pobres y menos institucionalizadas.

Ésa es la disyuntiva para los electores el 6 de junio: defender la ley o apoyar el desmantelamiento de nuestra democracia. Ése será el dilema ético de los ministros de la Corte de llegar la acción de inconstitucionalidad sobre la prórroga del mandato de su presidente. Qué dice la Constitución, no hay margen de interpretación. Es que Záldivar es el único que puede implementar la reforma al Judicial. Perdón, pero además de inconstitucional, es ofensivo para el resto de los ministros. A cuatro semanas de las elecciones, debemos dejar atrás los enredos superficiales. Sólo la legalidad a toda prueba nos garantiza libertad. Es esa misma legalidad la que da confianza a los inversionistas, como lo ha señalado Carlos Salazar en varias ocasiones. Sin esa confianza no habrá una recuperación económica franca, no se generarán los empleos que necesitamos. Sin esa legalidad no puede haber justicia, pues México se convertiría en un país impredecible, dependiente de lo que cruce por una sola cabeza.

La batalla es doble para los autónomos y la sociedad civil: brindar información contra las mentiras oficiales; defender la ley para bloquear el autoritarismo.

Porfirio Muñoz Ledo convoca a conformar un frente en defensa de la Constitución. De nuevo es luz.

Es nuestro turno