Francisco GarfiasArsenal
La ardiente proclama coreada por agraviadas mujeres en las calles de la Ciudad de México se hizo realidad. “Haiga sido como haiga sido”, un (presunto) violador no será gobernador. Félix Salgado Macedonio, alias El Toro, no llegará ni a candidato en Guerrero.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó 6 a 1 la sanción que le impuso el INE, por no haber presentado su informe de precampaña.
Sí fue precandidato, fue omiso intencionalmente, actuó con dolo, asegura una apabullante mayoría de magistrados.
La misma receta para Raúl Morón en Michoacán. Tampoco será candidato. La diferencia es que, en su caso, la votación fue 5-2.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, fue el único que defendió las candidaturas de Félix y Morón. La magistrada Mónica Soto se le sumó, pero sólo en el caso del michoacano.
Chapeau para el Tribunal que no se dejó amedrentar por las amenazas de Morena.
Los integrantes del pleno —salvo el intimidado Vargas— se convierten automáticamente en enemigos de la 4T y aliados del conservadurismo.
La votación fue contundente. Los argumentos a favor del retiro de las candidaturas irrebatibles. Difícil de entender por qué el TEPJF no resolvió así la primera vez que debatió el asunto.
El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, tiene una sospecha que explicaría el cambio de postura de algunos magistrados: hubo luz verde en Palacio Nacional.
* Félix Salgado Macedonio andaba muy gallito en el plantón afuera del INE. De nada le sirvió. Ni a él ni a su maestro de ceremonias en los mítines: Mario Delgado.
El 11 de abril, Félix declaró bravucón: “si no vamos en la boleta, no hay elección”.
Ayer, al enterarse de lo ocurrido en el tribunal, volvió a las andadas: “El pueblo tiene la última palabra”.
¿En serio, Félix? ¿No va a haber elección en Guerrero? Te apuesto 10 a uno a que sí. No dudo que intentarás desestabilizar. Te conozco hace mucho. Pero tu amenaza quedará en el aire. Los propios morenos te van a frenar. Ya lo verás.
A partir de que se le notifique la cancelación de las candidaturas, Morena tiene 48 horas para sustituir a Salgado y cinco días para designar otro candidato en Michoacán.
Salgado dará patadas de ahogado. Este miércoles a mediodía revelará, en asamblea, si recurrirá a instancias internacionales para defender su derecho a ser elegido.
Mario Delgado de plano volvió a desentonar con la ley que hizo respetar el Tribunal. “La decisión del TEPJF es un claro golpe a nuestra democracia y a los derechos políticos de los mexicanos de votar y ser votados”, escribió en Twitter.
Del debate de ayer en el Tribunal rescato parte de la intervención del magistrado Felipe de la Mata. Resumió la importancia de lo que, en el fondo, estaba en juego:
“La rendición de cuentas, más allá de ser una obligación, es un elemento fundamental para el sostenimiento de nuestra sociedad. Sin ella, la democracia se convierte sólo en un ideal y la justicia en un simple trámite”.
Ya encarrerados, los magistrados aprobaron por unanimidad el acuerdo del INE que establece el mecanismo para evitar la sobrerrepresentación de los partidos en el Congreso, más allá del 8 por ciento permitido por la Constitución.
*El “Instituto de la Transparencia” —como le dice López Obrador al Inai— ya está en el padrón de los organismos autónomos bajo amenaza de la 4T.
Muy probablemente el primer mandatario arremeterá con más fuerza contra ese instituto, luego de que ayer se atreviera a anunciar una acción de inconstitucionalidad en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
El Panaut obliga a los usuarios a proporcionar a empresas de telefonía sus datos biométricos (iris y huella), so pena de suspender el servicio si se rehúsan.
El Inai propone solicitar la suspensión de la reforma porque, dice, puede afectar derechos como la protección de datos personales, derecho al libre acceso a información plural y oportuna.
Pero, también de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación; seguridad jurídica y legalidad; no retroactividad de la ley en perjuicio respecto de los usuarios de telefonía móvil que ya cuentan con el servicio, entre otros.
La presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, lo resumió así: “Diversas disposiciones de dicho decreto causan afectaciones de distintos tipos, a los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales consagrados en los artículos 6º y 16 de nuestra Carta Magna, por cuya efectividad corresponde velar y proteger a este instituto”.