15 de Abril de 2021
El INE no se va a caer porque haya votado por la cancelación del registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero, tampoco porque haya cancelado la de Raúl Morón en Michoacán. Lo que pone en riesgo la estabilidad política y electoral del país es la insistencia en no reconocer las normas y las leyes, que no estableció el INE, sino el Congreso en su oportunidad. Lo que realmente es peligroso para el sistema democrático es que el propio Presidente de la República piense que una encuesta telefónica puede determinar la legalidad o no de una candidatura o que una resolución de las autoridades electorales se puede convertir, porque no respaldó su propia opinión, en un atentado contra la democracia.
La norma que establece que la no presentación de informes de gastos de precampaña es causal de cancelación del registro de una candidatura me parece una medida demasiado exagerada para esa falta. Pero resulta que la misma fue impulsada por las oposiciones, sobre todo de izquierda, después de las elecciones de 2012, porque argumentaron que esos gastos de precampaña fueron los que impulsaron, en su momento, la candidatura de Enrique Peña Nieto. Fue el propio candidato López Obrador el que insistió en esa elección y en el proceso poselectoral en que esos gastos de precampaña habían contribuido al triunfo del priista en esos comicios.
Y por eso la sanción ante esa falta, ante la ausencia de informes de gastos de precampaña, fue legalmente establecida en niveles tan drásticos. Hace unos meses, el propio comité de verificación del INE fue el que determinó que no procedía el registro de México Libre, el partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, porque se habían registrado aportes a la naciente agrupación política por medios electrónicos que no estaban contemplados en la ley. Era una medida exagerada y que no respetaba el espíritu de la norma. Pero la misma se aplicó a rajatabla y fue ampliamente festejada por Morena, incluyendo al propio presidente López Obrador. Pero ahora que esas normas se aplican, también a rajatabla, para dos candidatos de su partido, se convierten en un atentado contra la democracia.
No se puede estar satisfecho por la anulación del registro de México Libre por no cumplir estrictamente con una norma interpretativa, sobre el registro de gastos por medios electrónicos, y al mismo tiempo considerar un atentado el castigo por no haber presentado gastos de precampaña en el caso de Salgado Macedonio y de Raúl Morón. Es más, el caso del candidato de Michoacán podría ser aún discutible, porque se presentó en forma extemporánea ese informe, pero en el caso de Salgado Macedonio, como lo reconocieron los consejeros del INE, aun los que votaron en contra de la cancelación del registro, ese mismo informe se presentó muchos días después, pero en ceros, lo que fue un intento de burla a las autoridades electorales, una mentira, pues, sea por 19 mil pesos o por mucho más. El tema es que se violó la norma y después, simplemente, se mintió.
No se pueden ignorar las leyes con tanta facilidad, no se puede proponer, desde la tribuna más alta de la nación, que una encuesta determine la aplicación o no de las leyes. Hemos dicho en muchas ocasiones que el sistema electoral del país no tiene sentido, que ninguna nación democrática del mundo tiene una regulación electoral tan rígida como la nuestra, una legislación que, ante su rigidez, es, como estamos viendo, la mejor coartada para cualquier conflicto pre o poselectoral. Pero, mientras tanto, la ley debe de aplicarse como fue establecida, más aun cuando, en otra decisión sin sentido, todas esas normas electorales no sólo tienen sólo fuerza de ley, sino también constitucional. Ningún país establece en su constitución las normas electorales: nosotros sí, porque así se les quiso dar tal fuerza que no pudieran ser modificadas por una mayoría simple en el futuro. Ahora, los que impusieron esas normas son los que terminaron afectados por las mismas.
Pero lo mismo aplica en muchos otros sentidos. La agresión electoral y de género que sufre la candidata del PAN en Chihuahua, Maru Campos, de parte del gobernador (se supone que también panista), Javier Corral, no es ajena a esa forma de entender las normas en forma estricta para favorecer una posición política. Incluso, en este caso es peor, porque lo que se ejerce es una clara judicialización de la política.
Es incomprensible que otro gobernador que suele torcer la ley de acuerdo a sus intereses, como el de Baja California, Jaime Bonilla, el mismo que intentó extender su mandato más allá del término constitucional, decida decretar la expropiación del Club Campestre de Tijuana, uno de los principales condominios residenciales de esa ciudad, por ser una propiedad donde tiene intereses uno de sus rivales políticos, el exalcalde de Tijuana, Arturo González Cruz.
No se puede legislar o hacer justicia, tampoco calificar o descalificar instituciones, a partir de la conveniencia coyuntural. El costo para el país es demasiado alto. Aquello de que se haga la ley, pero en los bueyes de mi compadre, es demasiado anacrónico.
