Mañana se cumple medio año de los hechos del 25 de julio, cuando —hoy se sabe— Ismael El Mayo Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, su compadre, para ser entregado a las autoridades de Estados Unidos, que lo están procesando por una lista de delitos que incluyen asesinato, lavado de dinero y tráfico de fentanilo.
El gobierno mexicano ha venido exigiendo que Washington aclare cómo es que Zambada fue subido a un avión de matrícula clonada y llevado hasta el aeródromo de Santa Teresa, Nuevo México —donde él y Guzmán fueron detenidos por las autoridades—, a pesar de que, cada vez que lo hace, pone en evidencia su propia incapacidad para haber detectado la entrada y salida del aparato de territorio nacional y un vuelo redondo de unos mil 600 kilómetros.
Es muy fácil imaginar lo que pasó: Joaquín y Ovidio, hijos de El Chapo Guzmán, negociaron con los fiscales estadunidenses, seguramente con la finalidad de aligerar su proceso penal, y aquéllos accedieron a traicionar y entregar a Zambada, en un operativo planeado y ejecutado desde Estados Unidos. Pero esperar que Washington algún día reconozca esto requiere de una alta dosis de ingenuidad.
Lo curioso es que el gobierno mexicano quiere una confesión de parte de Estados Unidos, pero no está pidiendo que le devuelvan a Zambada. Tampoco ha habido sanción alguna contra el gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, quien, en el peor de los casos, participó en la captura de El Mayo —que incluyó el homicidio del diputado federal electo Héctor Melesio Cuén— y, en el mejor, solapó la sarta de mentiras que dijo la Fiscalía estatal sobre los hechos del 25 de julio, entre ellas que Cuén había sido asesinado en un intento de asalto en una gasolinería.
Mes y medio después de la entrega del capo a las autoridades estadunidenses, Sinaloa se sumió en una guerra entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, que el gobierno federal no ha podido contener, a pesar de enviar al estado a centenares de efectivos militares. Y, en el colmo del cinismo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Estados Unidos de haber provocado que se rompiera la pax narca que prevalecía en Sinaloa.
Hoy se cumplen 137 días de que se inició ese conflicto —lapso en el que ha habido más de 750 asesinatos y cerca de 900 desapariciones— y no se ve para cuándo termine. Ayer, alguien dañó de un bombazo el memorial de Édgar Guzmán, otro hijo de El Chapo, asesinado en 2008.
En tanto, los habitantes de Culiacán, hartos de la violencia, marcharon ayer vestidos de blanco para protestar contra el asesinato de un padre de familia y sus dos hijos, crimen que la autoridad estatal quiso minimizar, responsabilizando de él a las propias víctimas por viajar en un auto con vidrios polarizados.
“¡Narcogobierno!”, gritaron los manifestantes frente a la sede del Ejecutivo. Es una acusación que no se escucha en Palacio Nacional, donde se sigue apoyando al gobernador morenista Rocha Moya.
BUSCAPIÉS
No sabe cuidar sus cosas en un espacio tan reducido como la cabina de un avión, pero al senador Gerardo Fernández Noroña se le hizo fácil divulgar en redes sociales una imagen tomada de una cámara de seguridad del aeropuerto capitalino para balconear a un pasajero que, según él, le había robado un paquete de carne —no se ría, lector— y, así, atropellar su derecho constitucional a la presunción de inocencia (artículo 20) y a la protección de sus datos personales (artículo 16), los suyos y los de otros pasajeros que aparecen junto a él en la imagen. ¿Cómo la obtuvo? ¿Usando sus influencias? Eso tendrá que aclararlo la Secretaría de Marina, encargada de la administración de la terminal aérea y de la operación del circuito cerrado. Y, además, diría yo, exigirle que baje la imagen, misma que acompañó de una petición para que le ayudaran a identificar al supuesto ladrón. Hay mexicanos que batallan durante semanas y hasta meses para que les dejen ver los videos de cámaras de videovigilancia para saber si en ellos aparece un familiar desaparecido. Pero Fernández Noroña no; él la obtuvo sin tardanza.
