Cuando faltan apenas cinco días para que venza el plazo para el registro de aspirantes a 881 posiciones de juzgadores que serán sometidos a la decisión de la ciudadanía en los comicios extraordinarios del 1 de junio próximo, las características del proceso son el desinterés y la opacidad.

El oficialismo ha hecho todo lo posible para evitar que la reforma judicial lopezobradorista sucumba ante los recursos presentados en los tribunales, incluso negándose a acatar suspensiones. Sin embargo, lo que podría manchar la decisión de someter a las urnas la designación de jueces, magistrados y ministros es la falta de participación de los abogados. 

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, la carrera de derecho es la tercera más estudiada en nuestro país después de administración e ingeniería industrial. Hay cerca de medio millón de litigantes en el país, egresados de más de dos mil instituciones. Como que los convocantes no debieran batallar demasiado para reunir candidatos.

De acuerdo con la reforma, el cupo de aspirantes para alguna de las 881 posiciones, en las seis categorías de juzgadores (ministro de la Suprema Corte, magistrados electorales para la Sala Superior y las Salas Regionales, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de Circuito y jueces de distrito) es de cinco mil 379. A cada Poder de la Federación le toca proponer a mil 793 candidatos.

Uno pensaría que de entre medio millón de abogados –sobre todo con las reglas tan laxas que pusieron para los aspirantes, como el promedio de 8 de calificación, nota que obtiene cualquier estudiante de medio pelo– habría un mundo de personas interesadas en ser juzgador.

Más aún, si para aspirar a una posición menor a las que se van a elegir se requieren mayores requisitos, pues resulta que en su infinito deseo de venganza contra el Poder Judicial al oficialismo se le olvidó ese pequeño detalle en la reforma.

Lo que revela dicho desinterés es la falsedad de la proclama de que “el pueblo de México” estaba demandando elegir a sus juzgadores. Pues resulta que la enorme mayoría de los abogados ni enterados están. O, peor aún: quizá sí saben, pero prefieren otras posibilidades de desarrollo profesional. 

Ya veremos, cuando llegue junio, cuántos ciudadanos se animan a ir a las urnas. Sospecho que el porcentaje será muy bajo.

En esta misma edición, mi compañera Leticia Robles de la Rosa publica una nota en la que dice que el Poder Legislativo tiene anotados a dos mil 740 interesados para el cupo de mil 793 aspirantes que le toca (881 de la Cámara de Diputados y 912 del Senado de la República). Es decir, apenas 1.5 posibilidades por candidato. Su comité evaluador no tendrá mucho de dónde escoger.

Lo que no se sabe –y ahí entra el tema de la opacidad– es cuántos de ellos están interesados en cada cargo que estará en juego en las urnas. Porque podría ser que la mitad de ellos quiera ser ministro de la Corte o magistrado electoral, no juez de Distrito. Si así fuera, habrá posiciones para las que nadie se anote. ¿Y qué cree? La reforma no prevé qué hacer en los casos en los que no haya un solo candidato para algún cargo. Parece que los reformadores partieron de que habría un deseo enorme de participar y no ha resultado así.

En el caso del Poder Ejecutivo, no se ha dado a conocer el dato sobre el número de aspirantes, pero, en una entrevista que me dio para Imagen Radio el viernes, Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte y coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, admitió que hasta ahora hay pocas inscripciones. En cuanto al Poder Judicial, el reporte más reciente es que van 133 interesados.

Con sólo cinco días por transcurrir de la convocatoria, se corre el riesgo de que no se alcance el cupo de aspirantes o que el nivel de los candidatos que lleguen a la boleta sea bajísimo. Con ello, la promesa del oficialismo de que se tendrá un mejor Poder Judicial gracias a la reforma rodaría por los suelos.